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  • Natalia Arteaga

lunes, 21 de abril de 2014

La puja de más de tres décadas entre la Sea Search Armada, SSA, de Estados Unidos y el Gobierno colombiano por los tesoros hundidos en el mar cartagenero desde hace más de 300 años en el Galeón de San José, continúa.

La disputa vuelve y se agita con la demanda multimillonaria de US$17.000 millones que la firma de la primera potencia le acaba de hacer a Colombia ante el Distrito de Columbia en Estados Unidos por el incumplimiento en el que el Estado acusado estaría incurriendo al no querer entregarle a la SSA 50% del botín encontrado por la compañía norteamericana en 1982.

Si esta vez el contendor del norte resultara favorecido y Colombia tuviese que sacar US$17.000 millones, esto podría ‘descuadrar’ la balanza de pagos del país, de acuerdo con Edwin Maldonado, analista de economía, quien además asegura que el monto representa 39% de las reservas internacionales que están en US$43.821 millones, según datos del Banco de la República.

Además, el costo para Colombia estaría en US$7.000 millones más, de lo que costaría el total del tesoro que tiene en disputa a ambas partes desde 1984, debido a que se calcula que el total es de US$10.000 millones.

Según Juan Pablo Ortega, abogado especialista en derecho marítimo y portuario, la principal razón por la que el Gobierno Nacional se niega a entregar las piezas, es porque son precolombinas y comprenden parte del patrimonio cultural, por tanto no podrían tener un propietario diferente a Colombia.

De acuerdo con el experto, la demanda podría ser procedente por el incumplimiento del acuerdo inicial en el que ha caído la tercera economía más fuerte de América Latina. Aunque en los antecedentes queda demostrado que Colombia ha logrado hacerle el quite a la persecución legal de la SSA.

En 2011, por ejemplo, una corte de Washington desestimó una de las demandas que la empresa había interpuesto y con la que buscaba una compensación por la misma cifra que está solicitando actualmente.

Ante la negativa del órgano estadounidense, la firma que utilizó tecnología de punta para sacar el oro y la plata que reposaban frente a las costas colombianas desde 1708, no se quedó cruzada de brazos y acudió ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para obligar al Estado, a cumplir con el pacto de antaño.

En 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló que las piezas que fueran halladas en el barco San José y catalogadas como de valor histórico, artístico y arqueológico serían propiedad del país, y que sólo daría 50% a la SSA si eran inventariadas como tesoro.

Para Ortega, Colombia, como estado miembro de la OEA, estaría violando el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace referencia a que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley, al no cumplir con lo establecido.

“Además de dicha falta legal, la imagen en el exterior estaría nuevamente comprometida cuando de cumplir acuerdos con corte internacional se trata. Esto podría hacer ‘mella’ a futuro, cuando necesitemos acudir a organismos multilaterales”.

El pleito inició en 1984 cuando el Gobierno, en cabeza de Belisario Betancur Cuartas, expidió el decreto ley 2324, que redujo de 50% a 5% la participación de la empresa extranjera en los tesoros o antigüedades náufragas encontradas en los mares del país.

Ante el cambio de reglas, la SSA expuso que los derechos que había adquirido antes de la reforma del Código habían sido vulnerados y acudió ante la Corte Constitucional, para pedir que se declararan inexequibles los artículos 188 y 191 del decreto 2324. La alta corporación falló en 1994 y declaró inconstitucionales los artículos demandados.

Las opiniones

Juan Pablo Ortega
Abogado especialista en derecho maritimo y portuario

“La principal razón por la que el Gobierno se niega a entregar 50% del botín encontrado por la firma estadounidense en mares cartageneros es porque las piezas forman parte del patrimonio cultural colombiano y solo el país podría tenerlas”.

Edwin Maldonado
Analista de economía

“El monto de la demanda corresponde a 39% del total de reservas internacionales de Colombia que están en US$43.821. Tener que pagar este dinero en algún momento podría descuadrar la balanza de pagos del país”.

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