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sábado, 31 de marzo de 2018

Se analizará si la petrolera ejecutó debidamente el plan de emergencia

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, informó que ante la emergencia originada a principios de este mes por el derrame de crudo en el pozo Lizama 158 operado por Ecopetrol en el departamento de Santander, esta corporación adelantará un debate de control político para analizar si la empresa operadora ejecutó debidamente el plan de contingencia.

En el debate, según Cepeda, también se analizará si Ecopetrol informó oportunamente a las autoridades ambientales a nivel nacional para dar “pronta atención a la emergencia”. Así mismo, se exigirá respuesta a estas autoridades.

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deben responder si ha existido una actualización del Decreto 321 de 1999 que regula la elaboración del plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, para que se ajuste a estándares internacionales y a las últimas tecnologías disponibles para actuar con la mayor prontitud”, dijo Cepeda.

El presidente del Senado pide al presidente de Ecopetrol que informe si es cierto que la empresa había recibido advertencias por parte de la Contraloría General de la Nación en su informe de auditoría del 2016, en el que señalaba que corría el riesgo de afloramiento de crudo.

“De ser así, las autoridades ambientales deben informar y explicar las acciones de seguimiento y control ambiental al sellamiento de este pozo y otros situados en esta zona para prevenir potenciales derrames y afectaciones ambientales”, añade.

Cepeda hizo énfasis en que como consecuencia de la tragedia ambiental la actividad pesquera de las comunidades de los municipios de Puerto Wilches, Sábana de Torres y Barrancabermeja, están detenidas.

“Por eso convocamos al Gobierno Nacional a respaldar el proyecto de ley presentado por el Partido Conservador para la revisión y actualización del Régimen Jurídico de Responsabilidad por daños ambientales y el procedimiento sancionatorio administrativo ambiental, para contar con un nuevo marco jurídico que contribuya a la protección efectiva del derecho colectivo al ambiente sano y la efectiva recuperación y restauración de los ecosistemas afectados por estas emergencias”, agregó Cepeda.