SIC investiga presunto acuerdo colusorio en contratos de vehículos blindados de la UNP

La Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, abrió una investigación formal contra nueve empresas y 11 personas naturales por su presunta participación en un acuerdo colusorio en 21 procesos de contratación de vehículos blindados organizados por la Unidad Nacional de Protección, UNP, entre 2015 y 2024.

El propósito de los contratos, con un presupuesto total de más de $3 billones, era garantizar la seguridad e integridad de personas que requieren protección especial, seleccionando a los mejores oferentes bajo principios de calidad y precios competitivos. Sin embargo, tras una exhaustiva averiguación preliminar, la SIC encontró evidencias que indican posibles prácticas anticompetitivas en los procesos de selección.

Las empresas implicadas son: Neostar Seguridad de Colombia Ltda., GMW Security Rent a Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Ltda., Alliance Security Rent Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda., y Arrendadora de Vehículos Blindados Armati Ltda.

De acuerdo con la SIC, estas compañías habrían realizado acciones como:
Repartición de zonas: Abstenerse de ofertar en regiones asignadas a otros para evitar competencia.
Precios inflados: Presentar propuestas económicas cercanas al precio máximo establecido por la UNP.
Presión a la entidad: Coordinar observaciones o abstenerse de presentar propuestas para influir en los términos del proceso.
Coordinación en ejecución de contratos: Actuar de manera concertada durante la etapa contractual.

Entre las personas naturales investigadas se encuentran Alan Perlman Katz, Jorge Arturo Moreno Ojeda, Alejandro Salvino Caicedo, Aldo Salvino Caicedo, Luis Wilson González Cárdenas, Alexander Díaz Díaz, Jorge Alfredo Cabal Castellanos, Julio César Salas Triana, María Isabel Almeida, Odilia Cecilia Chavarrio Martínez y Ricardo Garrido Cantor.

La SIC destacó que estas prácticas atentan contra la transparencia de los procesos de contratación pública, afectan la libre competencia y derivan en un mal uso de los recursos públicos. Estas acciones hacen parte de los esfuerzos del organismo para combatir la corrupción y garantizar la correcta asignación de recursos en contratos estatales.