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  • Carlos Eduardo González

sábado, 25 de febrero de 2017

“Desde hace tiempo la Superintendencia viene proponiendo hacer unas reformas puntuales a las normas de libre competencia, que nos permitirán combatir la corrupción, la colusión y todas las prácticas anticompetitivas en general. En el caso del cambio en la forma de imponer las multas se trata de adaptar el sistema europeo o americano, que ya lo tienen países de Latinoamérica como Chile, México o Brasil, el cual consiste en sancionar con unos topes porcentuales sobre las ventas involucradas en el cartel y esto permitirá, en algunos casos, aumentar la capacidad sancionatoria de la Entidad”, explicó Robledo. 

La SIC señaló además que este tipo de prácticas, por su carácter anticompetitivo, le están haciendo daño a la economía del país, por lo que es necesario “fortalecer la lucha contra la corrupción”.

En la carta, el funcionario también pidió “la modificación del sistema para la imposición de las multas, para que sean tasadas con base en un tope porcentual de 30% sobre el valor de las ventas involucradas en el cartel o acto colusorio, por el tiempo que duró la conducta anticompetitiva” y “prever una sanción adicional a la económica para los casos de colusión o cartelización en licitaciones públicas que impida al contratista sancionado por la Superindustria una inhabilidad de hasta cinco años para contratar con el Estado”.

Es una opción que este proyecto se reglamente  en el Congreso por la vía del ‘fast track’.

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