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El Colombiano miércoles, 20 de mayo de 2015

Lo cierto es que la SIC abrió investigaciones desde agosto de 2013 a cinco de las principales cementeras del país y 14 de sus altos funcionarios. En diciembre de ese mismo año, también formuló cargos contra 15 empresas y 18 altos funcionarios de los mayores ingenios del país.

Pero aún no hay fallo que confirme o descarte la cartelización, práctica ilegal que no está penalizada (cárcel) y que afecta los precios y, por ende, a los consumidores colombianos.
En ese sentido, el superintendencia Pablo Felipe Robledo del Castillo respondió a El Colombiano que “en todas partes del mundo las investigaciones de libre competencia duran tres o cuatro años. Ambas investigaciones están dentro de esos plazos que son normales para autoridades de competencia”.

Por ahora, la Delegatura para la Protección de la Competencia analiza las pruebas recogidas y tomará una decisión, “previa convocatoria del Consejo Nacional de Competencia”, precisó Robledo.
Agregó el funcionario que luego de decidirse en los casos de cemento y azúcar, este año también se pronunciará la SIC sobre presunta cartelización para fijar el precio de la comisión de venta de ganado. Estarían involucrados 20 subastadores y el gremio (Asosubastas).

En etapa más temprana de práctica de pruebas, luego de abrir pliego de cargos, están los posibles carteles de los pañales, papel higiénico, cuadernos escolares y vigilancia privada, en que se ha aplicado la figura de la delación: personas y empresas involucradas aportan pruebas a cambio de beneficios.

Y aunque en esos casos no se esperan fallos judiciales de la SIC para este año, el superintendente señaló que además se abrieron más frentes: “tenemos indagaciones preliminares en varios sectores de la economía y con varios productos de consumo masivo, pero a ellos no me puedo referir hasta que no se formule pliego de cargos”.

Finalmente, Robledo señaló que el anunciado proyecto de ley para el aumento de multas a empresas será radicado en el Congreso el próximo 20 de julio. De ser aprobada, se pasará de sanciones actuales que van hasta los 65 mil millones de pesos, para ser proporcionales, hasta del 20 por ciento de patrimonio, ingresos o utilidades.

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