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Colprensa lunes, 21 de enero de 2019

A raíz de las múltiples interrupciones, por lo menos unas cinco, entre problemas técnicos y recesos solicitados por las partes, la audiencia fue suspendida para este martes

Una accidentada audiencia fue la que se vivió este lunes en el comienzo del juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, enredado en el caso Odebrecht. El inicio se vio empantanado por los problemas técnicos con la videoconferencia, que obligaron a varios recesos y por la negativa de los exdirectivos brasileños a rendir su declaración ante cámaras, pese a que ya habían manifestado su interés de hacerlo.

La audiencia empezó a las 8:30 de la mañana. En la primera parte, la Fiscalía expuso lo que jurídicamente se conoce como la teoría del caso, que no es otra cosa que un resumen de lo que pretende demostrar ante el estrado, en este caso concreto, la culpabilidad de Melo Acosta por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

En este punto, el fiscal de apoyo del caso, Juan Alberto Delgado, expuso ante el estrado que demostrarán todo lo concerniente a los pagos de sobornos que se tejieron alrededor de la concesión de la mencionada obra. “Se probará cómo Episol, filial de Corficolombiana, participó de manera activa en el pago del soborno, pues Melo Acosta aprobó el acto corrupto que daría como fruto la adjudicación de la obra de Ruta del Sol 2”, señaló.

A consideración de la Fiscalía, el de Melo fue un comportamiento sospechoso en calidad de presidente de la firma, cargo en el que estuvo desde 2009 hasta 2016, pese a que recibió varias advertencias de parte otros funcionarios de la compañía.

Al respecto, el fiscal Delgado dice que “José Elías Melo Acosta tuvo una actitud pasiva frente a las alertas de trámite de pago y ante situaciones extrañas del proyecto pese a que Mauricio Millán, gerente de Consol, y Jorge Enrique Pizano Callejas (q.e.p.d.), en calidad de auditor de la firma, le dieron a conocer”.

La Fiscalía, según dijo ante el estrado, cuenta con las evidencias documentales y testimoniales para dar por hecho que Melo Acosta autorizaba ciertos pagos que presentaban inconsistencias los cuales fueron detectados por Pizano Callejas.

Entre el material que presentará el ente acusador a lo largo del juicio figuran pruebas relacionadas con los contratos ficticios que suscribió la firma brasileña para canalizar los pagos ilícitos para obtener los contratos de proyecto vial que se extendía desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta San Roque, en el Cesar.

“Odebrecht realizó los giros por valor de US$10,8 millones a través de la banca privada de Andorra, para hacer efectivo el pago a Gabriel García Morales (viceministro de Transporte), con conocimiento y autorización de Luiz Antonio Bueno y José Elías Melo”, contó Delgado.

Uno de esos contratos se firmó con la compañía española Detección de riesgos técnicos, control de calidad y supervisión de obras de edificación, cuyo nombre comercial ante el Reino de España es DCS Management.

El testimonio de Bueno

Sobre este contrato habló Luiz Antonio Bueno Júnior, expresidente de Odebrecht para Colombia. Sin embargo, su testimonio estuvo a punto de malograrse debido a una renuencia de su parte para hacerlo ante la cámara con la cual se hacia la videoconferencia desde la sede del Ministerio Público de Brasil (el equivalente a la Fiscalía colombiana).

Este fue uno de los recesos de la diligencia, ya que el juez 14 del circuito bogotano le recordó al declarante que era inexplicable que no quisiera dar la cara ante la cámara en esta etapa del proceso, toda vez que sí lo hicieron el pasado 11 de enero cuando ante el juez de garantías se dio el aval del preacuerdo que suscribieron con la Fiscalía.

El funcionario judicial le añadió que era imprescindible que declararan ante la cámara, porque de esta forma se pueden ver los gestos corporales, las posturas y las expresiones durante cada respuesta que den ante la justicia colombiana.

“No existe una razón jurídicamente válida para que no den la cara. Es de recordar que a través de videoconferencia pidieron perdón. Es aquí en este juicio donde se va a materializar el principio de oportunidad y que cuenten a la justicia colombiana lo que realmente pasó”, insistió el juez.

Casi una hora después, Bueno Junior accedió y empezó la parte gruesa de esta primera jornada contra el expresidente de Corficolombiana. El brasileño se refirió a la demanda que en enero de 2017 instauró en contra de Gabriel García Morales, quien para entonces fungía como viceministro de Transporte por el delito de cohecho relacionado con el pago de US$6,5 millones para la adjudicación del contrato del proyecto Ruta de Sol 2.

Bajo la gravedad de juramento, Bueno Júnior habló de las reuniones que sostuvo con García Morales en un apartamento del norte de Bogotá y luego de los encuentros que sostuvo con Melo Acosta en la sede de Corficolombiana. De uno de ellos, reveló que se dio parte de los acuerdos a uno de los directivos del Grupo Aval.

“En cuanto yo aguardaba al doctor José Elías Melo tuve una conversa rápida con Gustavo Ramírez (vicepresidente de Corficolombiana), y le comenté lo que había pasado en la noche anterior y al final de la conversa le mencioné del acuerdo con Gabriel Ignacio y él dijo que le iba a dar conocimiento a Luis Carlos Sarmiento Jr.”, dijo Bueno, pero aclaró que nunca supo si así se hizo.

La Fiscalía le contrapreguntó que por qué en la denuncia no mencionó el episodio con Ramírez, a lo que el testigo insistió que se trató de una conversa rápida.

Al ser interrogado por el juez sobre cuándo conoció a García Morales, dijo que en una reunión en las oficinas del Ministerio de Transporte a la que también acudió el jefe de esa cartera para ese entonces, Andrés Uriel Gallego (q.e.p.d.). Añadió que ese encuentro fue para “dar a conocer la firma en Colombia”.

Las reuniones privadas que tuvo con García Morales en un apartamento tenían como fin coordinar el pago de la millonaria suma antes mencionada, la cual se hizo, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, a través de contratos ficticios con DCS Managment y usando el sistema bancario de Andorra para tramitarlos.

No obstante, para dar visos de legalidad, DCS Management cedió a la firma Consol (Consorcio de la Concesionaria Ruta del Sol 2), representada legalmente por Mauricio Jiménez, conforme consta en el documento que hace parte del material probatorio del ente acusador. Al hacer la cesión se pudo concretar el pago sin levantar sospecha.

“El pago a la empresa española por parte de Consol necesariamente tenían la aprobación de Corficolombiana y de Odebrecht”, dijo desde Brasil el expresidente de Odebrecht, quien agregó que no conoció a las personas que hacían parte de la sociedad europea.

En mayo de 2010, Manuel Cabral Ximenes, director de Contratos de Odebrecht, le envió una carta a Juan Lago Novás, representante de DCS. La misiva le fue enviada a su domicilio en Madrid. Allí le relacionaba los tres pagos que debía hacer por 10,8 millones de dólares por concepto de una especie de comisión de éxito, conforme quedó estipulado en la cláusula 4.4. del contrato suscrito entre las partes.

El primer pago debía cancelarse en junio de 2010 por un valor de US$5.445.000, para julio de ese mismo año debían girarse US$3.267.000 y US$2.178.000 para agosto de 2010.

Tanto la Fiscalía, como el juez 14 y delegado de la Procuraduría colombiana le preguntaron con insistencia sobre quién fue el que propuso el pago de la millonaria coima para hacerse a la adjudicación de la obra del proyecto vial, si fueron ellos (Odebrecht) o fue el propio García quien pidió el dinero. Pero nunca fue claro en precisar cómo se dieron las condiciones de ese pacto.

A raíz de las múltiples interrupciones, por lo menos unas cinco, entre problemas técnicos y recesos solicitados por las partes, la audiencia fue suspendida para este martes.

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