martes, 16 de octubre de 2012
El pasado 10 de octubre, un buque el pesquero de nombre ‘Mede-Pesca-III’, con bandera Nicaragüense excedió los límites del territorio colombiano sobre el meridiano 82 a 13 millas náuticas, situación que llevo sin duda alguna a que se generara el repudio social y reacciones políticas, que al final llevaron al Gobierno Colombiano a enviar una nota de protesta a Nicaragua.
Pero para algunos, dentro de los que me incluyo, la respuesta del Gobierno fue temerosa y blanda a tanta provocación del Gobierno de Nicaragua, Gobierno que ha abusado de la paciencia y diplomacia que reina en nuestro país y que sin ser un defecto, a veces se requiere que el Estado haga respetar la Constitución y la defensa del territorio. El artículo 217 de la carta política ordena de manera perentoria que: “La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.”
“Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”
Efectivamente la Armada Nacional reaccionó, pero más conforme a una decisión diplomática que de defensa de la soberanía, sin animo de ser un guerrerista o reactor del conflicto, es importante que en futuras oportunidades la respuesta sea mas contundente y de ser necesaria con la fuerza, es obvio que en tiempos que se espera la respuesta de la Corte Internacional de la Haya sobre el litigio entre los dos países, se deba guardar cierta prudencia, pero no solo militar, sino diplomática, y por tanto no se pueden repetir declaraciones como que la Corte de la Haya en estos casos falla con una justicia Salomónica; este tipo de afirmaciones pueden ser tomadas a mal en el ámbito internacional, por lo que cualquier desmán en el uso de las palabras puede acarrear peores consecuencias que la de ser contundentes en la respuesta a la invasión del territorio.
Ahora bien, es perfectamente claro que no debemos temer en hacer valer el territorio colombiano, ya que así este viva la disputa, los limites establecidos en el Tratado Esguerra-Bárcenas, de 1928, el cual ha sido desconocido y en este caso transgredido flagrantemente y sin mayores consecuencias por Nicaragua, los mismos a la fecha se encuentran vigentes, por lo que no es aceptable y mucho menos valida excusa alguna para no acatar el Derecho internacional.
Lo verdaderamente importante es que tanto el Gobierno como todos los colombianos estemos sintonizados sobre la base de que nuestro territorio se debe respetar, no solo de posibles invasiones o transgresiones, sino también en su adecuado uso y no explotación excesiva; desde luego en el primer caso siempre la primera instancia debe ser la diplomacia, la ultima ratio debe ser la fuerza, pero si la diplomacia no funciona, no se debe dudar en hacer uso de las fuerzas armadas como mecanismo legítimo y constitucional para la defensa del territorio, que indistintamente del resultado del fallo, debe ser la prioridad.
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