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Expansión - Madrid viernes, 11 de diciembre de 2015

Cuatro de cada 10 españoles declaran que la corrupción es la segunda de sus preocupaciones, sólo por detrás del desempleo, según el último barómetro publicado por el CIS. Esta inquietud no sólo la tienen los ciudadanos, ya que algunas empresas se enfrentan a ella, en ocasiones, cuando quieren cerrar una operación.

Sin embargo, si alguna de estas compañías tiene la tentación de ir por el camino más rápido para acelerar una venta en el extranjero, debe tener en cuenta las consecuencias de entregar un sobre a un funcionario. En países como Vietnam un directivo puede incluso ser condenado a muerte.

En la Unión Europea, los castigos no son tan extremos, pero eso no significa que este tema se tome a la ligera. Bélgica es uno de los países más duros, ya que las penas de cárcel pueden llegar hasta los 15 años en el caso de las personas físicas, mientras que las jurídicas pueden recibir multas de más de dos millones de euros (US$2,1 millones).

En el caso de Suramérica, y específicamente en Colombia, las penas a individuos culpables de soborno pueden ser hasta de 12 años, con multas de hasta de 150 veces el salario mínimo. “La corrupción implica un daño enorme a los estados, lo que ha provocado que a nivel global se estén dando pasos importantes para acabar con ella”, indicó  Rafael Jiménez-Gusi, socio responsable de cumplimiento normativo en Baker & McKenzie en Barcelona y editor del libro Visión global de las leyes anticorrupción.  

Agregó que para luchar contra la corrupción se necesita dotar a los distintos organismos implicados en este segmento para acabar con ella. “La justicia es muy lenta y, en muchas casos, los delitos han prescrito antes de que sean castigados”, dijo el experto.

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