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Colprensa Viernes, 27 de julio de 2012

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, así como el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el actual del Interior, Federico Renjifo, deberán enviar en 10 días a la Corte Constitucional un concepto en el que se explique la forma como se dio el trámite de la truncada Reforma a la Justicia.

Así lo solicitó el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio Palacio, quien es el ponente de la única demanda en contra de la Reforma que fue admitida en esa Corporación. La solicitud también cobija a los ex presidentes del Senado, Juan Manuel Corzo, y de la Cámara, Simón Gaviria, para que expliquen también qué sucedió en la conciliación de la Reforma y en las sesiones extraordinarias en las que se archivó la Reforma ya aprobada.

Con estos conceptos, el magistrado Palacio iniciará el análisis de la demanda presentada en contra de la Reforma en un hecho que genera controversia ya que la Corporación no tendría competencia para dar trámite a la demanda ya que la Reforma nunca fue publicada en el Diario Oficial. Ese sería el argumento para que el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, no admita otra demanda que fue interpuesta en contra del fallido acto legislativo. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, la Reforma costó $.5444 millones. Ese costo se obtiene, dice la CEJ, de la sumatoria del salario diario (estimado) de los congresistas suponiendo 20 días hábiles al mes en ambas vueltas del acto legislativo y de las sesiones extras convocadas por la Presidencia de la República para discutir las objeciones a la enmienda constitucional. Así, según la CEJ, el trámite legislativo como tal costó $3.586.898.700. A esto se suma el costo del pago del personal de la Unidad de trabajo legislativo (UTL), estimado en $.1.458.955.385; el costo del personal del Ministerio de Justicia, estimado en $217.71.174 y el costo del personal de la Rama Judicial estimado en $182.51.100.

La CEJ lamentó que 'aparte de tener unos costos políticos altos, este proceso de reforma también implicó considerables erogaciones económicas'. Debido al alto costo, se podría preguntar si cabe alguna medida para que los integrantes del Congreso terminen resarciendo los gastos de un accidentado trámite legislativo. Una hipótesis es la existencia de un presunto detrimento patrimonial que podría provocar un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General en el entendido de que por decisiones equivocadas se incurre en unos gastos que se habían podido omitir. No obstante, esta hipótesis podría estar lejos de convertirse en realidad porque la función del Congreso, como tal, no es aprobar leyes- porque sí, sin tener en cuenta que el debate puede hacer que una iniciativa se caiga, tal y como sucede en múltiples ocasiones.