MinTransporte
miércoles, 2 de diciembre de 2020
De ser encontradas responsables, cada una de las empresas de transporte podrían ser multadas por hasta más de $614 millones
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La Superintendencia de Transporte abrió investigación a 20 empresas de transporte terrestre automotor habilitadas en la modalidad de carga, por presuntamente infringir la normatividad que reglamenta el sector transporte en lo concerniente a la verificación del registro y matrícula de los vehículos con los cuales se presta el servicio público en esta modalidad.
Las empresas implicadas son Nueva Sociedad de Transportadores Colombianos, Logicargo Cooperativa, Inverza Ltda, Surenvios Ltda, Transportes Aguila Ltda, Meneses Ramírez SAS, Cargovolco SAS, HDL Ligistica SAS, Importadora y comercializadora de Materias Primas SAS, Transportes Camfri SA, Dospomar SAS, Transporte Mendoza SAS, Sevicio Integral de Transportes Andino SA, Transquim SAS, Cargando SAS, OP Transportadora SAS, Transportadora Vitela SA, E.L.C. Enlace Logistico de Carga SAS, Transporte Palmar SAS y Translanit SAS.
El cargo imputado fue formulado a estas empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, debido a que las mismas contrataron y expidieron manifiestos de carga en los meses de enero a octubre del presente año a vehículos que se encontraban con omisión en su registro inicial.
Y es que la normatividad vigente previó que “en el evento que el generador de carga o la empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio en la modalidad de carga contrate vehículos que se encuentren con anotación como vehículos con omisiones en su registro inicial (…) será sujetos de las investigaciones”.
El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que “desde mayo hicimos explícito que nuestra agenda de supervisión incluiría las principales preocupaciones del sector, y esta es una de esas. Todos los generadores de carga y las empresas de transporte deben saber que estos son contratos prohibidos y, si se aún así deciden celebrarlos, serán investigados por esta Superintendencia, en protección de la legalidad en el sector”.
Por lo que en caso de ser encontradas responsables, cada una de las empresas podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes, es decir hasta más de $614 millones a la fecha.
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