La Fiscalía suspendió 23 capturas de líderes de organizaciones criminales por diálogos de paz
La medida beneficia a personas recluidas en Itagüí y demás reclutados bajo el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico
31 de marzo de 2026
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La Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, formalizó la suspensión de las órdenes de captura contra 23 personas señaladas como cabecillas de organizaciones criminales en Medellín. Esta determinación responde a una solicitud del Gobierno Nacional para facilitar el avance de los diálogos de paz que se desarrollan en el Espacio de Conversación Sociojurídico.
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La medida tendrá una vigencia inicial de seis meses y podrá ser prorrogada según los resultados de la mesa de negociación y los requerimientos del Poder Ejecutivo. La resolución incluye tanto a individuos recluidos en el centro penitenciario de Itagüí como a siete personas que recuperaron su libertad en los últimos dos años tras completar sus sentencias judiciales.
Entre los nombres registrados en el documento oficial figuran Albert Antonio Henao Acevedo, Freyner Alfonso Ramírez García, Juan Carlos Mesa Vallejo y Sebastián Murillo Echeverri, además de otros integrantes vinculados a las estructuras del Valle de Aburrá. La Fiscalía fundamentó la decisión en los informes de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sobre la implementación de objetivos para la desarticulación de grupos armados.
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El Gobierno justificó el levantamiento de las medidas judiciales argumentando que los beneficiarios cumplen funciones de vocería orientadas a la transformación de economías ilícitas y la reducción de la violencia urbana. El proceso de acercamiento con estos grupos inició formalmente el 2 de junio de 2023. Desde entonces, varios de los implicados han participado en las conversaciones, incluyendo a quienes ya no se encuentran en centros de reclusión y, en algunos casos, han salido del país por motivos personales sin que se detallen sus tareas específicas en el exterior.
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El anuncio de esta resolución coincide con el periodo de actividad política electoral en el país, lo que ha suscitado diversas interpretaciones sobre el manejo de la política de paz estatal. La decisión administrativa deja sin efecto las órdenes de aprehensión vigentes para los 23 ciudadanos mencionados, permitiendo que actúen como facilitadores dentro del marco legal establecido para estas conversaciones. El control del proceso permanecerá bajo la supervisión de las entidades correspondientes para verificar el impacto de la medida en la reducción de los índices de criminalidad.
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