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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co jueves, 9 de enero de 2014

Ecopetrol puede pasar de colaboradora y denunciante a demandada en nombre del Estado, por el presunto soborno de exdirectivos de PetroTiger a un exfuncionario suyo.

“La persona señalada (David Durán), quien nunca ocupó cargos directivos, ni tenía capacidad de decisión en los procesos de contratación investigados, dejó de laborar el 7 de abril de 2011 y en la actualidad es sujeto de investigaciones”, afirmó la petrolera en un comunicado. Fue en ese año que, precisamente, se concretó el negocio.

Según reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde la firma norteamericana se desembolsaron US$333.500 para beneficiarse con un contrato de servicios petroleros por US$39,6 millones.

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, declaró que las pesquisas de un fiscal de la Corte del Distrito de Nueva Jersey y el FBI solo “pudieron darse por el apoyo de las autoridades colombianas”. El organismo de seguridad espera por las denuncias de Ecopetrol contra los implicados.

La compañía entregó la información que le fue requerida y así facilitó la labor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Fiscalía y el Departamento de Justicia. Una actuación que no se resumiría sin embargo en la cooperación.

Expertos consultados por LR consideran posible que afronte demandas de entre US$200 millones y $500 millones de las empresas que hayan aspirado al contrato, pero en la selección no tuvieron igualdad de condiciones por el soborno.

“El Estado también podría llegar a responder. No es solo que Ecopetrol denuncie, que es su deber, sino que puede haber un detrimento económico por beneficiar con bienes de la Nación a una empresa”, asegura el abogado Maikel Nisimblat, especialista en derecho petrolero.

También pesan las jurisprudencias que establecen que de tratarse de actos de un empleado, hay una omisión o acción indebida y una responsabilidad por hecho propio de la empresa.

“Es decir, le corresponde a Ecopetrol responder, y hay que revisar la responsabilidad fiscal y disciplinaria del presidente (Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy), cuyo deber de vigilancia es lo importante”, agrega el jurista Nisimblat.

Las acciones administrativas podrían ser presentadas igualmente ante el Ministerio de Minas y Energía, a la cual está vinculada Ecopetrol como lo establece la Ley 1118 de 2006.

“En la medida en que otras empresas que aspiraron a ganar el contrato puedan demandar al Estado, cabe la respectiva investigación de la Contraloría General por un posible detrimento patrimonial”, advierte la abogada experta en el área minero-energética, Yury Pérez Sanmiguel.

Pierde reputación
De momento son tres las personas vinculadas a la investigación de la justicia de Estados Unidos. El ex co-CEO de PetroTiger, Knut Hammarskjold, fue acusado el 8 de noviembre anterior y arrestado a los 12 días. El abogado de la firma, Gregory Weisman, se declaró culpable el 8 de noviembre. Y Joseph Sigelman, exCEO, fue arrestado el 3 de enero en Filipinas.

Bloomberg informó que Sigelman y Hammarskjold están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero. Weisman se declaró culpable de conspiración para violar dicha norma y cometer fraude electrónico.

También se ha detallado que en la acusación se incluyen correos en los que el funcionario Durán les decía que no tenía injerencia en la asignación de los contratos, pero sí podía recomendarlos como subcontratistas. Así ocurrió con la firma Mansarovar, a la que prestó servicios de mantenimiento integral.

El abogado financiero y minero energético, Armando Duarte Galán, tampoco descarta que Ecopetrol afronte por igual una caída de su reputación en la Bolsa de Valores de Colombia.

“El riesgo se traduce en la percepción que de ella tienen sus stakeholders (grupos de interés), dígase: inversionistas, accionistas, trabajadores, contratistas y la comunidad general”, explica. (Lea en la página 20 de LR, un informe sobre las amenazas financieras para Ecopetrol)

Las opiniones

Maikel Nisimblat Murillo
Abogado especialista en derecho petrolero

“Si se demuestra que una empresa con capacidad técnica, económica y reconocimiento podía acceder el contrato, pero no pudo por el soborno, las demandas pueden ser de US$200 millones a US$500 millones. Eso es lo que se llama la pérdida de la oportunidad”.

Armando Duarte Galán
Abogado financiero y minero-energético

“La responsabilidad debe concentrarse en los dos o tres funcionarios encargados del proceso de selección y adjudicación. Si bien existe un deber de vigilancia de los directivos de Ecopetrol, la entidad es inmensa y es virtualmente imposible auditar en detalle”.

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