En esta época cuando se está iniciando el calendario escolar, se potencializan las quejas contra los colegios, principalmente, por los inconformismos de los padres ante las altas tarifas y los bonos que muchas instituciones disfrazan como colaboración.
En el país existen un total de 12.220 colegios privados, de los cuales 1.833 están en régimen controlado, 4.522 en libertad vigilada con sus diferentes variables y 5.765 en libertad regulada.
No obstante, según dijo María Francia Zalamea, directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital, hay varios de estos establecimientos que están realizando cobros irregulares. Asegura que en 2012 se presentaron 68 quejas por útiles escolares y 15 por establecimientos académicos que estaban cobrando bonos.
“Se hicieron las respectivas investigaciones y varios colegios recibieron sanciones preliminares. La ley nos permite realizar multas entre 50 y 200 salarios mínimos y en el caso de reincidencia el establecimiento puede llegar a perder la licencia”, explicó Zalamea.
En tal escenario, Felipe Ortegón, un padre que está buscando colegio para su pequeña hija, advirtió que la educación en el país se ha vuelto un negocio. “Nos han vendido la idea de que las instituciones de calidad tienen que ser costosas”, agregó.
Además, resaltó que algunos establecimientos académicos están llamando a las centrales de riesgo para preguntar por el historial crediticio del padre de familia. “No entiendo qué hace un colegio consultando en DataCredito mi historial, facultad que solo tienen las entidades financieras”, dijo.
Altas Tarifas
Para calcular el aumento de las matrículas, el Ministerio de Educación Nacional tiene en cuenta las metas de inflación fijadas por el Banco de la República e incentivos por calidad. En el último informe del Emisor, publicado en agosto de 2012, las proyecciones de inflación fueron calculadas entre 2% y 4% y a partir de ellas se establecieron los aumentos para 2013 en los colegios privados, además de los incentivos de calidad.
El promedio ponderado de incrementos para 2013 se estableció en 3,1% frente a 4% de 2012.
No obstante, el Ministerio aclaró que para establecer el nivel de control en el que está el colegio, dicho establecimiento está en la obligación de promocionar esta información. Además, las Secretarías de Educación pueden informar sobre su clasificación.
En el ranking de los colegios más caros del país se encuentran el Colegio Nueva Granada de Bogotá, cuyo valor anual es de aproximadamente $32.500.000, lo que equivale a cinco pagos bimestrales de $6.500.000. Le sigue el Colegio Karl Parrish de Barranquilla, cuyo valor anual está alrededor de los $20.200.000; el Columbus School de Medellín cuya pensión mensual está alrededor de 1.400.000 y su matrícula tiene el mismo valor; el Colegio Granadino de Manizales, que tiene una mensualidad de $1.253.000 y un valor de matrícula de $1.627.700 y el Colegio Jorge Washington de Cartagena que tiene un costo mensual de $1.219.000.
Bonos
Hay que tener en cuenta que las colaboraciones que piden los colegios además de las matriculas, tienen que ser autorizadas por la Secretarías de Educación. Sin embargo, muchos padres se han quejado de que los colegios están disfrazando ese cobro por colaboraciones e incentivos. En este sentido, Vanessa Ramírez, asesora administrativa de un colegio de Bogotá, señaló que los padres antes de pagar los bonos se deben asesorar bien y vigilar si el dinero que cancelaron se designó para lo que fue destinado desde el comienzo. “En la matricula se puede cobrar un bono que tiene que ser previamente autorizado por la Asociación de Padres de Familia, y luego pedir el aval de la Secretaría de Educación”, aclaró.
Hay colegios como el Nueva Granada que no le cobra bonos a familias colombianas pero sí a las extranjeras. Por su parte, en el Karl Parrish se debe pagar un derecho de admisión y una colegiatura dividida en tres pagos de aproximadamente $4.000.000. En 2013, la Secretaría de Educación de Bogotá ha recibido dos denuncias sobre el cobro de bonos obligatorios por parte de los colegios. Zalamea, explicó que están realizando las investigaciones y, en el transcurso de un mes, darán a conocer las decisiones al respecto.
Útiles
La lista de útiles debe ser coherente con el Proyecto Educativo Institucional y contar con la aprobación del consejo directivo del colegio y de la Secretaría de Educación. Las instituciones tienen que garantizar el uso de la totalidad de los materiales, y no pueden solicitar implementos de dotación. Además hay que tener claro que los establecimientos no están autorizados para pedir marcas o lugares específicos para la compra de los implementos.
Rosa Julia Guzmán, directora de la maestría de Pedagogía de la Universidad de la Sabana, aseguró que hay muchos gastos en los colegios que son innecesarios y al final del año hay libros y cuadernos que no se usaron.
“Particularmente en ese aspecto es lo menos educativo para los niños porque les enseñan a malgastar el papel”, dijo la académica.
Respaldando lo anterior, Zalamea informó que los padres de familia deben recibir el listado de útiles pero no están obligados a comprarlos todos, además, aclaró que dichos productos no se pueden entregar al colegio y que está prohibido pedir implementos de aseo y artículos que estén contemplados en el plan de costos de la institución.
Cupos
De acuerdo con Zalamea, los padres se quejan también porque no hay cupos para los hijos. No obstante, aclaró que los colegios tienen establecido la prestación del servicio como un contrato y si hay demora en los pagos del año anterior, la institución está en el derecho de negar el cupo.
“En este momento los padres se quejan porque no les permiten la matricula, debido a que se han quedado tres o cuatro meses sin pagar la pensión.
Sobre eso, hay una sentencia de la Corte Constitucional con la cual dice que los colegios han establecido un contrato de prestación de servicios con los padres de familia y allí se establecen cobros. Además estipulan que si hay atrasos en los pagos, el estudiante no será recibido para el próximo año.
Los padres tienen conocimiento de eso porque debe estar en los manuales de convivencia de los colegios”, agregó.
En esta medida, la Secretaría de Educación del Distrito, hizo un llamado a los padres que tienen hijos estudiando en colegios privados para que denuncien los excesos en el cobro de matrículas y pensiones, así como la exigencia de bonos, cuotas, donaciones, aportes a capital o tarifas adicionales, los cuales están prohibidos por la ley.
En el artículo 18 del Decreto 2253 de 1995 se estipula que los establecimientos que hagan a las familias cobros superiores a los comunicados a las Secretarías de Educación, se clasifican en Régimen Controlado, lo que significa una sanción económica fuerte para los mismos.
De acuerdo con Emilio García, profesor de la Universidad Sergio Arboleda y experto en protección al consumidor, cuando se va a ingresar a un colegio, los padres deben exigir el documento donde conste todo lo que le está cobrando el establecimiento educativo.
“Además, como el contrato es obligatorio, tiene mecanismos legales para discutir posteriormente los abusos que se estarían cometiendo en su contra”, explicó.
No obstante, abrió la posibilidad para que la Superintendencia de Industria y Comercio se estrene en el mecanismo de protección al consumidor con el cual los padres puedan dirigir sus denuncias. Lo que se espera es que el organismo establezca multas y ordene devoluciones de dinero. “Esa podría ser una vía que se estrene en Colombia para quejarse, porque parece que los mecanismos tradicionales de control para las matrículas, no han servido para corregir los excesos que pueden cometer los colegios”, agregó.
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