Thomas Greg & Sons denunció penalmente al exmagistrado Luis Guillermo Pérez

La firma Thomas Greg & Sons Limited S.A., formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Luis Guillermo Pérez Casas, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE.

La demanda vincula al denunciado con presuntas conductas punibles de perturbación de certamen democrático y hostigamiento, tipificadas en el Código Penal colombiano, a raíz de diversas declaraciones y acciones públicas emitidas en el marco del proceso electoral de las elecciones presidenciales de 2026.

La representación jurídica de la compañía argumenta que se orquestó un despliegue de señalamientos públicos que buscaban atribuir a la empresa tecnológica un supuesto fraude en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con la denuncia, estas manifestaciones se efectuaron bajo el amparo de una veeduría ciudadana, señalando la existencia de una manipulación técnica en las plataformas de votación e instando al desconocimiento de los resultados oficiales del certamen sin aportar evidencias técnicas probatorias.

El documento de la firma de abogados detalla que Thomas Greg & Sons ejerce funciones estrictamente logísticas y tecnológicas dentro del proceso, por lo cual carece de la potestad legal para contabilizar votos o consolidar resultados definitivos.

Además, la denuncia sostiene que el señalado alteró conceptualmente la interpretación del funcionamiento del software de la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentando procesos rutinarios de digitalización de formularios E-14 y el uso de códigos Hash como supuestas evidencias de una alteración algorítmica.

También, la decisión legal expone que las acciones bajo cuestionamiento pasaron del entorno digital al plano operativo cuando se emitieron directrices públicas orientadas a paralizar el avance de los escrutinios en el ámbito nacional.

La apoderaduría de la empresa señala que estas peticiones de anulación masiva de mesas de votación se fundamentaron en premisas técnicas modificadas, lo cual afectó de manera directa el normal desarrollo de las labores encomendadas a las comisiones escrutadoras.

El requerimiento penal indica que los señalamientos derivaron en un impacto a la reputación corporativa de la entidad privada y generaron escenarios de vulnerabilidad para la integridad física del personal logístico y directivo en las sedes de la compañía.

Ante estos hechos, el denunciante invoca los artículos correspondientes de la Ley 599 de 2000 y solicita a las autoridades competentes adelantar las investigaciones para determinar las responsabilidades penales definitivas.