• Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co

miércoles, 2 de febrero de 2022

La Andje participó en 2021 en 755 procesos que enfrentó el Estado y cuyas pretensiones ascendieron a $287 billones

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) presentó su más reciente informe de litigiosidad y defensa de la Nación, un compendio de los resultados y procesos públicos del año pasado.
La entidad, en cabeza de Camilo Gómez Alzate, reveló que en 2021 participó directamente en 755 procesos contra el Estado, cuyas pretensiones ascienden a $287 billones, es decir, 64% del total pretendido en los recursos contra la Nación.

Sobre las pretensiones, el director de la entidad explicó que, de cada $100 que se buscan en las demandas, tan solo $14 son obtenidos por los accionantes. “Es decir, la relación entre la pretensión y la condena al Estado es de 14%”, dijo.

Comparado con 2020, la Agencia asumió el año pasado 91 procesos más y su tasa de éxito para 2021 fue de 83%. “Cuando la Agencia participa la tasa de éxito es alta. En los últimos dos años se ha mantenido por encima de 82%”, se puede leer en el informe. En efecto, en 2020 fue de 85%, mientras la más alta se registró en 2019, cuando el indicador fue de 88%.

El abogado Luis Guillermo Vélez, exdirector de la Andje, aseguró que la tasa de éxito es buena y está dentro de los parámetros. Las variaciones porcentuales, según explicó, son menores. “Hay una consistencia en la labor de la Agencia por cuanto se siguen aplicando las políticas consolidadas con los años”, anotó.

Lo anterior, según el informe, ha representado un ahorro para la Nación de $60,2 billones entre 2018 y 2021.
Por otro lado, el Estado cerró el año con procesos activos por $448 billones, de los cuales el grueso, $433 billones, corresponden a los 309.234 procesos judiciales abiertos. También, hay 31.748 procesos en que el Estado actúa como demandante y las pretensiones alcanzan $17,1 billones.

En cambio, en el frente de arbitraje nacional hay 69 procesos que alcanzan la suma de $4,3 billones, mientras que las controversias internacionales de inversión ascienden a $11,3 billones en 13 casos. Finalmente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con 806 demandas, mientras los procesos administrativos llegaron a 1.940, con pretensiones por $5,6 billones.

Procesos más cuantiosos

La Andje también publicó el top 10 los procesos con las pretensiones más altas que enfrenta la Nación. En el primer lugar está una demanda contra entidades como la Policía Nacional y MinTransporte, por $32 billones, porque la Secretaría de Tránsito de Sampues siguió funcionando después de su supresión.

La segunda acción, con pretensiones por $20,4 billones, es contra la Anla, el MinMinas y Ecopetrol, por daño ambiental tras un derrame de crudo en Coveñas. Le siguen a esta una demanda de reparación de perjuicios porque “no se garantizó la energía pese al pago del cargo por confiabilidad” ($16,5 billones) y otra por aspersiones de glifosato en Chocó que causaron daños ambientales y a la salud pública ($13,6 billones).

Adicionalmente, otra aspersión, pero en Valle del Cauca, también entra al top 10 de demandas más cuantiosas, con aspiraciones por $8 billones. Otros motivos, como “error al no suspender procesos hipotecarios”, también figuran en el listado, con la aspiración a una condena que ascienda a $6,4 billones.

Arbitraje nacional

El reporte de la entidad reveló también que el Estado tenía 69 procesos arbitrales activos en calidad de convocado al cierre del año pasado; según la Andje, estas controversias tienen pretensiones por $4,3 billones, los cuales estaban concentrados, en su mayoría en el sector Transporte.

En cambio, los casos activos en los que la Nación actúa como convocante son 15, por un monto de $4 billones, de los cuales la mayoría están concentrados en el sector de Minas y Energía.

Litigios internacionales

Sobre las controversias internacionales de inversión, la Andje aseguró que el año pasado cerró con 13 en etapa arbitral y nueve en etapa pre-arbitral. So sobre las controversias que ya pasaron a la etapa litigiosa, figuran en primer lugar (por estado del proceso) Telefónica S.A. (pendiente de laudo) y Eco Oro Minerals Corp (pendiente de decisión sobre daños), los cuales reclaman pretensiones por US$627 millones y US$736 millones, respectivamente.

Otros procesos se encuentran en la primera fase de escritos. Tal es el caso de los inversionistas demandantes Neustar CO (US$350 millones), Glencore II (US$58 millones) y South 32 ($84 millones).

En fase de exhibición documental, en cambio, están Gran Colombia Gold Corp. y Seda y otros, con pretensiones por US$360 millones y y US$280 millones, respectivamente. Asimismo, hay procesos cuya cuantía pretendida es indeterminada, como los de Foster Wheeler, Cerrejon Glencore 3 y Cerrejón - Anglo American.

Con todo el balance de litigiosidad del Estado al cierre del año pasado, Vélez resaltó que la tasa de éxito de los procesos se sigue manteniendo en niveles muy altos. “La ligitiosidad continúa porque las normas sustantivas son desfavorables para el Estado. Hay que corregir esas normas que hacen muy fácil que se abuse del derecho de acción por parte de algunas personas”, aseguró.

Por otro lado, Gómez Alzate aseguró que se están buscando, desde la Andje, mecanismos alternativos de conciliación, los cuales están apoyados en la Sala de Consulta del Consejo de Estado y ha funcionado para precaver conflictos.