Conmemoración atentado a El Nogal
sábado, 12 de noviembre de 2022
MinDefensa señaló que el club no tenía ninguna amenaza y que el atentado no estaba dirigido a un establecimiento del Estado
El Consejo de Estado determinó que el Estado no tuvo responsabilidad por evasión en el casi de dos de las muertes que dejó el atentado al Club el Nogal.
La decisión vino después de que los familiares de Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame, quienes murieron a raíz del atentando, demandaran a la Nación por su supuesta negligencia a la hora de cumplir con su deber de protección y seguridad.
De esta forma, el tribunal alto tumbó un sentencia del 9 de octubre de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condenaba a la Nación y ordenaba una indemnización a los familiares pues consideraba que "el Estado no había cumplido con su deber en este sentido para el atentado".
La decisión obedecía a que el órgano judicial veía viable la demanda en el sentido que había pruebas que mostraban que el Estado tenía información que hubiera permitido prevenir el atentado.
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Sin embargo, para esta última decisión, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso un recurso de apelación en el que aseguraba que con la información que tenían las autoridades "no era posible prever, ni resistir el atentado en el Club El Nogal y que las noticias no prueban los hechos contenidos en ellas".
Esta declaración jurídica contó con el apoyo de la Fiscalía, la cual también agregó que con lo que se sabe hasta el momento "no se acreditó que el atentado era previsible".
El tribunal también consideró que las reuniones periódicas de funcionarios públicos en el club pusieron a sus socios y empleados en un riesgo palpable en un contexto de violencia urbana por la guerrilla de las Farc. "Aunque el Club El Nogal no fue demandado, la condena debía reducirse en 70%, pues también era patrimonialmente responsable", dijo en su momento.
El Ministerio de Defensa señaló también que el club no tenía ningún tipo de amenaza y que el atentado no estaba dirigido contra un establecimiento propiamente del Estado.
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