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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Martes, 22 de mayo de 2012

La Auditoría General de la República investigará al ex contralor Julio César Turbay Quintero y a siete funcionarios y ex funcionarios que participaron de los comités de compra y blindaje de la camioneta Mercedes Benz, dentro del proceso que adelanta la Dirección de Responsabilidad Fiscal, ante presunto detrimento por valor de $295 millones.

El 27 de diciembre de 2007, la Contraloría General de la República adquirió la camioneta Mercedes Benz Sprinter 413, por un valor de $110 millones y posteriormente la blindó y adecuó por un valor de $185 millones.

Una vez notificados, a los vinculados se les escuchará en versión libre para, posteriormente, iniciar una etapa probatoria y definir si hay mérito para imputar responsabilidad fiscal.

La labor del ex contralor ha sido controvertida desde que dejó su cargo, pues se ha cuestionado una supuesta nómina paralela y el archivo de varios procesos importantes.

En abril del año pasado, Julio César Turbay Quintero rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia, por supuestas irregularidades.

En este caso, el investigado explicó la existencia de una nómina paralela. La denuncia fue adelantada por la contralora Sandra Morelli Rico.

La denominada nómina paralela se estimaba por $53.000 millone, además se denunció que en 2009, se hicieron contratos por $18.000 millones a 1.003 trabajadores.

Para la época, la Auditoría General de la Nación estableció que dentro de los cuatro años anteriores, la Contraloría contrató 2.700 personas de manera alterna.

Turbay argumentó en su momento que los señalamientos de la entidad eran 'falsos, malintencionados e inexactos', y recordó que en abril pasado, ese mismo funcionario reveló un informe sobre contratación de servicios en la Contraloría y dijo que 'se había hecho uso adecuado del patrimonio estatal'.

Los contratos que se realizaron incluyeron servicios de profesionales como abogados, contadores, economistas, entre otros.

En esa ocasión, fuentes cercanas a Julio César Turbay Quintero manifestaron que se trataba de una persecución y que todas sus cuentas estaban correctamente.

En el proceso adelantado ante la Corte, el investigado estableció que los gastos fueron autorizados por el Congreso de la República, en los que incluyó pagos para vigilancia.

Según la entidad, las fechas de la versión libre serán establecidas cuando los implicados sean notificados.

En este tipo de casos, se investigan las causales del posible detrimento y se definen las responsabilidades fiscales de cada uno de los involucrados en los hechos.

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