Néstor Julián Ramírez Sábado, 4 de agosto de 2012

Continuando con el balance de la legislatura 2011-2012, en esta ocasión la Corporación Excelencia en la Justicia analiza la actividad legislativa, en lo tocante a iniciativas dirigidas a reformar los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, así como otros proyectos con incidencia sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio.

En este periodo legislativo, se registró un ostensible aumento del número de iniciativas tramitadas en comparación con lo registrado en legislaturas anteriores.

Mientras que en el periodo 2009-2010 se tramitaron 31 proyectos y en 2010-2011 se tramitaron 44; en la legislatura 2011-2012 hicieron trámite 54 iniciativas, equivalentes a un incremento del 22,7% respecto al periodo anterior.

Se presentaron algunas tendencias adicionales, que marcan diferencias con los periodos anteriores.

En primer lugar, el número de proyectos que concluyeron su trámite y resultaron siendo sancionados como leyes o publicados como actos legislativos, fue de 5: la ley 1558 de 2012 (contentiva de medidas penales contra el narcoturismo), la ley 1542 de 2012 (que elimina el carácter querellable de los delitos de lesiones personales e inasistencia alimentaria), la ley 1520 de 2012 (también conocida como la 'ley Lleras 2.0?', que incorpora reformas penales en materia de derechos de autor), la ley 1482 de 2012 (que penaliza la discriminación racial) y el Acto Legislativo 06 de 2011 (que modifica la Constitución para permitir que actores diferentes a la Fiscalía ejerzan la acción penal).

También concluyeron su trámite, pero quedan pendientes de sanción presidencial, dos proyectos: el denominado 'marco jurídico para la paz?' y el estatuto de inteligencia y contrainteligencia, declarado exequible por la Corte Constitucional en la revisión automática de esta iniciativa, al cierre de la legislatura.

Así las cosas, estos siete proyectos que tuvieron éxito en su trámite, superan a las cinco iniciativas que corrieron con esta suerte en la legislatura 2010-2011 y a las dos que lo hicieron en el periodo 2009-2010.

Adicionalmente, fueron numerosos los proyectos que fueron acumulados con otras iniciativas, al versar sobre los mismos temas: seis en Senado y tres en Cámara.

Esta situación deriva del afán de algunos legisladores de presentar iniciativas penales sobre determinados temas de alta cobertura mediática, sin que exista coordinación entre los proyectos que estos, en la mayoría de los casos individualmente, radican ante el Congreso.

Por último, se destaca que se incrementó el número de proyectos archivados durante sus debates en el Congreso, apareciendo más equilibrados en comparación con los proyectos que se archivaron automáticamente al cierre de la legislatura por vencimiento de términos o por no haber sido aprobados siquiera en su primer debate -los cuales tendían a ser la mayoría en los anteriores periodos: de los 19 proyectos archivados, 7 lo fueron en los debates (37% del total de iniciativas archivadas) y 12 por términos; mientras que en los dos periodos anteriores el archivo en debates constituyó el 33% y el 5,8% del total de iniciativas archivadas, respectivamente.

Continúan su trámite durante la legislatura 2012-2013, 14 proyectos: ocho radicados ante el Senado y seis ante la Cámara.

De cualquier manera, vale la pena hacer un llamado al Legislador para que sea consciente sobre la delicada situación del sector penitenciario y carcelario (donde el hacinamiento redondea el 45 por ciento), frente a la cual la recurrente aprobación de leyes que eliminan beneficios, aumentan penas e introducen nuevas conductas punibles -tal y como lo hicieron algunas de las leyes aprobadas en este periodo-, juega un importante papel como causa de ésta problemática.

Cabe recordar que, incluso, durante la legislatura concluida, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en una de sus sentencias envió un mensaje a nuestros Congresistas en este sentido. Desde el Ejecutivo se están emprendiendo algunos avances, como bien lo han demostrado las recientes declaraciones de la Ministra de Justicia en el sentido de racionalizar el uso de cupos en los centros de reclusión.

Queda pendiente el aporte del Legislativo, mediante la presentación y debate responsable de iniciativas penales durante esta nueva legislatura.