Un grupo de 70 niños indígenas están en el Parque Nacional en condiciones precarias

El miércoles 7 de mayo de 2025, indígenas Embera se trasladaron desde la Unidad de Protección Integral, UPI, hasta el Parque Nacional en Bogotá, donde reinstalaron un campamento para protestar por los incumplimientos del Gobierno en el proceso de retorno a sus tierras de origen. Además, la comunidad presentó otras demandas relacionadas con las condiciones de su alojamiento temporal.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, admitió que las instalaciones que el Distrito ha proporcionado no son suficientes para albergar a la cantidad actual de personas. Mencionó que, aunque hay problemas como racionamientos prolongados de agua, estos se ven agravados por el uso ineficiente del recurso. "Las infraestructuras no están diseñadas para esta cantidad de población, lo que provoca hacinamiento. La solución definitiva es un retorno organizado por el Gobierno Nacional", afirmó.

Preocupación por los niños en el campamento

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La Secretaría de Integración Social informó que al menos 70 niños y niñas menores de 12 años permanecen en el campamento de la carrera Séptima, cerca del Parque Nacional, en condiciones muy precarias. Las autoridades distritales ofrecieron trasladarlos al 'Centro Amar', un lugar que cuenta con servicios psicosociales y alimentación, pero las madres rechazaron la propuesta. Según algunos testimonios, la "guardia indígena" les habría impedido aceptar la ayuda.

"Rechazamos la instrumentalización de menores en protestas. Es inaceptable que se les niegue protección", declaró Angulo. La Secretaría ha alertado sobre los posibles riesgos a la integridad de los niños y ha activado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para investigar si hay delitos en contra de menores.

Acciones legales en curso

El Distrito informó que, además de la denuncia penal, se mantienen abiertos los canales de diálogo con los líderes Embera para abordar las demandas estructurales, priorizando el retorno asistido a sus territorios. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos están monitoreando la situación.