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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co sábado, 6 de junio de 2015

La investigación es sobre acuerdos y prácticas entre 12 ingenios y tres gremios y que vincula a 16 funcionarios y exfuncionarios para truncar la entrada de azúcar de diferentes destinos, controlar la oferta en el país y distribuir entre los oferentes la producción y entrega del producto a determinados clientes. 

A esta práctica se le denomina cartelización, o en otras palabras es el “acuerdo entre dos o más partes con el fin de manipular o fijar artificialmente las distintas variables del mercado”, según explica Bacca sobre la racionalidad de los carteles.

El entorno perfecto para que se den estas alianzas, que transgreden la libre competencia y en últimas afectan el precio percibido por el consumidor, se da en un caldo de cultivo conformado por un  producto homogéneo, la existencia de pocos oferentes, las barreras de entrada y una demanda estable. 

En Colombia, 12 son los ingenios investigados, casualmente los mismos que participan en la junta directiva del gremio que los representa, Asocaña; 11 de ellos concentran 95% del comercio exterior del azúcar a través de   la CI Comercializadora de Azúcares y Mieles S.A. (Ciamsa) y  participaban en Desarrollos Industriales y Comerciales SA (Dicsa), hoy en liquidación, que funcionaban como empresas especializadas en operación logística.

El problema no es la existencia de órganos de concertación, pues en el país es claro que es legal que existan estos espacios; pero lo que sí no puede suceder es que a través de ellos “se fijen precios, haya repartición geográfica de mercados, de cuotas de producción o ventas”.

Así, el informe menciona que a través del Fondo de Estabilización de Precios de Azúcar (Fepa), administrado por Asocaña, se redujo “artificialmente la transparencia del mercado buscando la unidad de intereses de las investigadas”, acto, que de ser encontrado veraz, dejaría multas por $63.ooo millones para personas jurídicas y $1.300 millones para personas naturales. 

Todavía falta que el superintendente Pablo Felipe Robledo tome la decisión de exonerar o formular sanciones a los involucrados. Podría estar lista en julio y frente a ella es que proceden los recursos establecidos por ley.

Jorge Iván Bula, analista económico, explicó que este producto hace parte de un sector muy importante para la economía colombiana y del Valle del Cauca, “es un oligopolio y es necesario que el Estado tenga en la mira al sector para que no se concierten precios monopólicos”, pues allí es donde entra a jugar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el fondo, explicó José Miguel de la Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio se ha dicho que las investigaciones o sanciones por la libre competencia buscan proteger al consumidor, pues es común que estas prácticas redunden en mercados ineficientes y que afecten los precios percibidos por el comprador. “En el caso del azúcar el Informe Motivado recomienda sancionar por objeto. Basta con comprobar de que hubo acuerdo para obstruir la comercialización de terceros”, concluyó.

Hay más carteles
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está detrás de carteles en otros productos de consumo masivo que afectan el bolsillo de las personas, como el papel higiénico, pañales y arroz. Pero también está el de cemento y hasta en seguridad por acuerdos anticompetitivos en razón a 252 casos de contrataciones públicas. En este último caso se abrió pliego de cargos a ocho compañías del sector. 

Las opiniones 

José Miguel de la Calle
Exsuperintendente de Industria y Comercio
“En el caso del azúcar, el Informe Motivado del delegado recomienda sancionar por objeto. Basta con comprobar que sí hubo acuerdo para obstruir la comercialización de terceros para que se haga efectivo”.

Édgar Alfredo Gutiérrez
Docente del Politécnico Grancolombiano
“Los esquemas de asociatividad no hay que satanizarlos, pero sí hay que tener en cuenta que detrás de los acuerdos anticompetitivos  las grandes empresas se benefician cargándole los costos a los consumidores”.

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