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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co miércoles, 8 de octubre de 2014

En la instalación que fue precedida por ambos, Santos insistió en los avances que ha tenido la justicia e insistió en que para lograr una justicia más óptima se requiere de mayor inversión en la materia y una visión más holística sobre la superación del conflicto en Colombia.

“En el país, todos debemos buscar la paz, ya que para lograrla, se requiere de mayores recursos, de un salto trascendental y un esfuerzo equivalente. Si se invierte lo mismo y se piensa igual se tendrán los mismos resultados. Se mantendrían, desafortunadamente, la poca presencia del Estado en la periferia, entre otros. El Gobierno debe ser el primero en aportar para el cambio, y créanme, estamos trabajando en ello”, aseguró el primer Mandatario.

Santos también fue claro en decir que aunque al inició  de un nuevo tributo, hay reticencia, los resultados a futuro, demostrarán que la decisión fue acertada. “Queremos llegar a 2025 como el país más educado de América Latina y a 2018 habremos reducido la pobreza extrema a 5%. En mi primer periodo, sacamos a 3.600 personas de la pobreza y a más de 2 millones de la pobreza extrema, pero todavía tenemos niveles de pobreza por encima de 29%. Si mejores resultados hay que aportar más”.

Por su lado, Sarmiento aseguró que todo lo anterior será más fácil si se consigue una efectiva reforma en el sector justicia, en la cual los procesos se den de manera justa y con prontitud.

De acuerdo con el propietario del Grupo Aval y presidente de Anif, “Colombia se ubica en un plano intermedio de asignaciones presupuestales para la justicia  en América, superando a México y Brasil. Pero la congestión judicial, sigue siendo deficiente, si se compara con los sistemas de Argentina, Perú y Uruguay y esto nos impide el desarrollo y baja la productividad de un país”.

Sarmiento recordó que desde 2002, los análisis de Anif se han centrado en la necesidad de mejorar el sistema judicial, “señalábamos que en los procesos judiciales no se cumplen los términos previstos en los códigos de procedimiento casi nunca. Esta situación se ha ido agravando, generando frustración e impotencia.

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