Para la ya maltrecha y desacreditada justicia nacional, puesta en duda no solo por sus errores -como toda entidad manejada por seres humanos- sino por una sectorizada cruzada mediática contra ella, los procesos penales adelantados por el homicidio del estudiante Luis Andrés Colmenares (porque no dudamos que se trató de un asesinato) han dejado diversas lecciones para la opinión pública y cómo no, para la propia Fiscalía.
De todas esas enseñanzas, que incluso podrían ser profusas en número, interesa detenerse en una sola: debe investigarse para acusar, no acusar para (luego) investigar. Así ha venido aconteciendo en las causas adelantadas contra las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero y el señor Carlos Cárdenas. La ligereza para imputar cargos contra estos tres ciudadanos ha traído nefastas consecuencias para la recta e imparcial justicia del caso; en primer lugar, se vio que en la acusación contra las dos señoritas, la Fiscalía aún no tenía completo su acervo demostrativo, en especial los trascendentales elementos probatorios de naturaleza técnica recogidos y realizados en el caño del parque El Virrey -por ejemplo, los efectuados por el cuerpo de bomberos que demuestran que Luis Andrés no pudo ahogarse-.
Lo que resulta extraño es que, en vez de ser duramente crítica con la Fiscalía por tal omisión o error, pues acusó a las universitarias sin tales pruebas (quizás, de las más contundentes) para luego querer introducirlas de modo tardío -palabras menos, ejerció con demasiada «ligereza» la acción penal-, la opinión pública se ha volcado contra la defensa y la legislación procesal penal tildando de «leguleyadas» o maniobras propias de tinterillos las correctas objeciones que los abogados de las jóvenes presentaron en las audiencias, oponiéndose (con toda razón, además) a que fueran sorprendidos con pruebas súbitas y «encontradas» -énfasis en las comillas- a última hora, por parte de la Fiscalía.
¿No resulta más sano para el desarrollo de una «investigación» recopilar los elementos de prueba dentro de un plazo razonable, para ahí sí, proceder a ejercer la acción penal con la contundencia y eficiencia que la sociedad espera? ¿Qué afán -solo mediático- puede impulsar al órgano de investigación para elevar cargos contra un ciudadano si no cuenta con los hechos claros, los soportes fácticos y probatorios suficientes para sustentar una solicitud de condena ante un juez, agotado un proceso con todas las garantías y controversias?
Ese mismo afán fue el responsable de tener como «testigos estrella» a las mismas personas que hoy se encuentran detenidos por presuntamente inducir en error a la Fiscalía para adelantar la investigación contra Carlos Cárdenas. Fue esa misma avidez de tiempo la que produjo la captura de este último con base en tales entrevistas -porque, recuérdese, aún no son testimonios al no haberse practicado en juicio- y su posterior libertad, al demostrar la defensa de una de las acusadas días después, que el supuesto «testigo» se hallaba a unas ochenta calles de distancia del parque El Virrey. El don de la ubicuidad todavía no es admitido en los estrados judiciales, solo en la teología.
La lección es dolorosa para la sensación de justicia por el homicidio de Luis Andrés Colmenares. Dolorosa para la familia pues ve -antes de esclarecerse los hechos- cómo puede irse derrumbando la teoría del caso edificada a las volandas por el ente acusador, olvidando que las cosas no por hacerse más rápido se hacen mejor. Dolorosa para la opinión pública, que tiene un motivo más para dudar de la eficacia de nuestra justicia penal, alimentando el morbo creado por algunos sectores mediáticos frente a aquella.
Dolorosa para la Fiscalía, pues tendrá que irse a la «batalla» sin armas ni escudos, enfrentando a grandes y experimentados guerreros en estas lides, que en ejercicio celoso de la profesión no deberán demostrar que sus clientes son inocentes (pues se presume) sino que no existe un ápice de pruebas que demuestre lo contrario. Y, por qué no, dolorosa para los tres universitarios procesados, que hasta el día de hoy siguen siendo inocentes (y así deberían ser tratados), pero han sido crucificados ya como culpables sin ser juzgados. Veremos, con estupor, cómo el caso Colmenares se vuelve la versión criolla del juicio contra O.J. Simpson.
¿Quiere publicar
su edicto en línea?
Solo envíe su Edicto o Aviso de Ley, y recibirá la información
para su publicación
