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  • Paola Andrea Vargas Rubio

lunes, 3 de septiembre de 2018

Es requerido por presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia

El próximo 3 de octubre la Fiscalía General de la Nación buscará, por tercera vez, imputarle cargos al empresario de Hyundai Carlos Mattos, quien es investigado por presuntamente amañar un proceso judicial para salir beneficiado.

Durante la diligencia que estaba programada para este lunes se conoció el cambio de abogado que defenderá los intereses del empresario.

Además, ante el Juzgado 16 con función de Control de Garantías también hicieron llegar pruebas del estado de salud de Mattos, pues en la primera ocasión que fue requerido por las autoridades, la primer defensa señaló que se encontraba en mal estado de salud, lo que le impedía asistir a la diligencia.

Se prevé que para el próximo mes se lleve a cabo la diligencia, y en caso de que el empresario no se presente nuevamente, la Fiscalía General solicitará la contumacia en el caso, que no es otra cosa que judicializarlo como persona ausente.

Mattos es requerido por presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó a Mattos la representación comercial de la marca en el territorio nacional.

“Se encargó de iniciar una serie de acciones legales nacionales e internacionales para salir beneficiado de la determinación que habían tomado desde Corea (…) en ese orden conformó un pull de abogados en Colombia especializados en temas de derecho comercial y civil, entre quienes está Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, quien fue designado para proyectar la demanda en territorio nacional”, dijo la Fiscalía.

Por estos hechos, Reinaldo Huertas, quien fungió como juez del proceso, fue enviado a la cárcel el pasado 8 de junio. Del mismo modo, ocho personas más están vinculadas a la investigación que adelanta la Fiscalía General, entre lo que se encuentran abogados, ingenieros y funcionarios de la rama judicial.

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