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Colprensa Domingo, 18 de marzo de 2018

El país tiene ocho millones de víctimas registradas y la oprobiosa cuenta de 1.892 masacres cometidas en el marco del conflicto.

Con la expectativa de poder llegar a un cierre y de participar efectivamente en los procesos, se declararon algunas víctimas del conflicto armado luego que la Jurisdicción Especial para la Paz abriera las puertas al público esta semana. La puesta en marcha de la JEP, histórica como su misma creación en el Acuerdo de Paz con las Farc, es el inicio de un proceso que durará 10 años, con posibilidad de extenderlo cinco más, para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

En un país que tiene ocho millones de víctimas registradas oficialmente y la oprobiosa cuenta de 1.892 masacres cometidas en el marco del conflicto, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, tanto por las Farc como por paramilitares, la justicia especial de paz se convierte en un mecanismo inédito a nivel mundial para brindar justicia restaurativa a las víctimas.

La JEP entra en marcha con tres salas: la de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad; la de Amnistía e Indulto y la de Definición de Situaciones Jurídicas. Igualmente, inicia labores con 6.094 integrantes de las Farc, 1.792 de las Fuerzas Armadas y 40 civiles: seis personas relacionadas con actos de protesta social y 34 por agentes del Estado diferentes a los miembros de la Fuerza Pública. Todos han firmado las respectivas actas.

Lo crucial por el momento es que la Jurisdicción necesita para su trabajo que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Justicia Penal Militar, la jurisdicción indígena, el Consejo Superior de la Judicatura y las organizaciones sociales y de derechos humanos le entreguen informes sobre el conflicto armado colombiano. Ese es su punto de partida.

Hasta el momento solo ha llegado el informe de la Secretaría Ejecutiva de la JEP y se espera especialmente los que tengan que entregan la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura.

Por el lado de las organizaciones sociales, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, creada por la Ley de Víctimas de 2011, indicó a través de su coordinador, Odorico Guerra, que no han tenido contacto con los integrantes de la JEP.

“Eso (el informe) aun ni siquiera se ha discutido porque eso nos tomó por sorpresa. No se han tomado la molestia de enviarnos una carta de algo”, señaló.

Para Guerra, la principal preocupación es que hay una efectiva participación de las víctimas en las diferentes etapas que tendrán los procesos. “Es histórico en el sentido de que se abre una oportunidad, pero si tu lo miras, el proceso va divorciado de las mesas de víctimas y, de acuerdo a la Ley, somos nosotros los que venimos haciendo el tema de la defensa de los derechos de las víctimas”, dijo.

“Ojalá los victimarios que se quieren someter a la amnistía no terminen con todas las garantías y las víctimas no terminemos con ninguna posibilidad de hacer nuestras objeciones, sugerencias e inquietudes frente al tema de la justicia especial para la paz”, precisó al insistir que en las mesas “hay mucho escepticismo”.

“La única verdad no puede ser la verdad de los victimarios”

En dialogo con Colprensa, Ángela Giraldo, hermana del diputado del Valle Francisco Javier Giraldo, secuestrado y asesinado por las Farc en el 2007,  señaló que su expectativa es que la JEP  investigue, juzgue y sancione los crímenes internacionales más graves que se cometieron en el marco del conflicto armado colombiano, que las condenas que dicte cumplan con los estándares internacionales y que se cree un sistema riguroso de verificación del cumplimiento de las penas.

“Sabemos que los comandantes de las Farc van a ocupar las curules en el Congreso, esperamos que una vez sean condenados, que esas actividades de la vida pública no frustren el objeto y fin de la pena”, dijo.

Es decir, para Giraldo, los jefes de las Farc que lleguen al Congreso deben suspender esas actividades y cumplir con las penas que les impongan. De hecho, en su criterio, la participación en política debió quedar supeditada al paso primero por la JEP, para que se cumplan los criterios de verdad y justicia en los que se basó el acuerdo con la guerrilla.

“No es con el ánimo de negar la participación, pero hay crímenes que no son amnistiables y eso tiene que pasar primero por justicia. No estaba de acuerdo con la candidatura de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, ni con las aspiraciones al Congreso”, señaló.

En su caso, explicó, ‘Pablo Catatumbo’ asumió la responsabilidad por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle y anunció que espera que se sepa toda la verdad:  “que confiesen todas las personas que estuvieron involucradas y los testimonios tienen que ser contrastados con las víctimas y con otros testigos de esos hechos. La única verdad no puede ser la verdad de los victimarios”.

Movice pide un trato justo

Por otro lado, ya el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le han pedido a la JEP que esta instancia contribuya “al esclarecimiento de la verdad y reconocimiento de responsabilidad del Estado Colombiano en las violaciones masivas, sistemáticas e históricas de persecución y exterminio cometidas contra el movimientos social, popular y de oposición política, que compromete la responsabilidad de agentes del Estado”.

En carta enviada a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, el Movice indicó que “la Fuerza Pública es responsable directa de la comisión de crímenes que generaron más de 62.373 víctimas: 171 masacres que generaron 968 víctimas; 51.676 personas desplazadas; por lo menos 2.484 personas desaparecidas forzosamente; 206 mujeres violadas sexualmente y 7.039 personas ejecutadas extrajudicialmente”.

Estas organizaciones manifestaron igualmente su preocuparon por la  falta de presencia territorial y regional de este mecanismo de justicia e indicaron que apenas habría “once fiscales adscritos a la Unidad de Investigación tendrán un carácter descentralizado en el mismo número de regiones”.

Por otro lado, el Movice presentó de nuevo sus oposiciones al denominado derecho operacional de la Fuerza Pública, al estimar que busca “justificar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” y por eso cuestionaron que los magistrados de la JEP hayan recibido un curso de capacitación al respecto.

“Vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía”

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, explicó a Colprensa cómo funcionará esta entidad.

¿Cómo va a funcionar la Unidad?

La Unidad es un órgano autónomo, pero hacemos parte del sistema de justicia especial para la paz y, por tanto, cumplimos una labor complementaria en el desarrollo de la misma. Entonces, ¿qué pasa? En aquellos casos en donde no hay reconocimiento, nosotros adelantaremos las investigaciones que nos envíen las Salas o la Sección de Revisión del Tribunal.

Pero también nosotros podemos adelantar recepción de información, que la organizaremos y se la pasaremos a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, porque es un mecanismo para que la Jurisdicción atienda a las víctimas que no están relacionadas en ninguno de los informes que habrán de llegar de diferentes instituciones.

¿Trabajarán con policía judicial propia?

Vamos a tener policía judicial, por supuesto. Pero seguramente vamos a requerir el apoyo de la Fiscalía y de la Policía Nacional porque indudablemente la jurisdicción es pequeña y no vamos a poder solos adelantar toda esa labor.

¿Habrá relación con la Unidad de Desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo?

La Jurisdicción tendrá que trabajar muy de la mano no solo con la Unidad de Desmantelamiento sino con toda la Fiscalía. Particularmente con la Unidad tendremos que tener una relación cercana y coordinada porque, por ejemplo, los asuntos que sean objeto de compulsa de copias de la Jurisdicción irían allá.

¿Qué casos llegan a la Unidad?

En aquellos casos en donde hay reconocimiento (de responsabilidad), la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad  y Verdad envía el caso directamente al Tribunal. A la Unidad de Investigación y Acusación vienen por esa vía los casos en donde hay ese reconocimiento.

Por ejemplo, algunas personas buscan acogerse a la JEP, argumentando que van a demostrar su inocencia, estando ya condenados. Ahí no hay un reconocimiento temprano de responsabilidad…

Exacto. Nosotros tendríamos que hacer la investigación, la acusación o la preclusión.

¿Qué criterios se utilizan para priorizar casos?

Los criterios de selección y priorización están en proceso de estudio por parte de la Jurisdicción y se fijarán para toda la Jurisdicción. Está en estudio, obviamente se tendrán en cuenta, como dicen los Acuerdos de Paz, el Acto Legislativo 01 de 2015 y la Ley Estatutaria de la JEP, las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

¿Qué va a pasar con los ‘falsos positivos’?

Cuando hablamos de la JEP tenemos que entender que es un Sistema, donde hay una Unidad de Investigación y Acusación, unas Salas y un Tribunal, y eso se resolverá al interior de la JEP.

¿Cuánto personal tiene la Unidad?

La Unidad tiene autorizados hasta este momento 214 funcionarios, incluyendo al director. Y se lanzó una invitación para cubrir 157 cargos de personas que trabajarán allí.

La Ley que reglamenta la JEP está apenas en estudio en la Corte y luego sí sería sancionada. ¿Se necesita de esta para que ustedes trabajen?

La JEP puede funcionar no al 100 % sin la existencia de la Ley Estatutaria de las normas de procedimiento, pero sí por supuesto podemos adelantar actividades, en aras especialmente de atender a las víctimas y de recaudar la información de las más grandes violaciones a los derechos humanos y al DIH en Colombia.