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lunes, 5 de enero de 2015

A la Contraloría General de la República no le escampa y arrancó el año con el pie izquierdo a cuenta del problema de sede que heredó la actual administración de Edgardo Maya, de Sandra Morelli, quien está en un embrollo legal que va para largo por un presunto detrimento patrimonial de más de $75.000 millones que la exfuncionaria habría dejado en la organización.

Con un contrato que se está a dos días de vencerse (podría ser prorrogado hasta por seis meses más), lo más sencillo, de acuerdo con algunos expertos, es que negocie para regresar a su antigua sede, la Torre Colseguros.

Hay cerca de 4.495 empleados que tienen en vilo su ubicación y que según la auditora General de la República, Laura Marulanda, ha dejado al país sin control fiscal porque la entidad está más preocupada por buscar nueva sede, que por realizar auditorias y otras actuaciones especiales de seguimiento.

Frente a eso, asegura la funcionaria encargada de la investigación administrativa contra Morelli, que Maya tendría solo tres salidas: encontrar pronto una nueva sede con una renta más razonable, lograr que el gobierno de Juan Manuel Santos le asigne los recursos para comprar un nuevo espacio, o por último, lograr la nulidad del contrato de compra de Colseguros con el Cisa para regresar a su antigua casa. La última opción, pareciera ser la que más le suena a Marulanda y en julio del año pasado había dicho en entrevista con LR que si estuviera en los zapatos del nuevo contralor, hablaría con el Cisa para que devuelva el edificio y poder remodelarlo.

“Nosotros encontramos que la Torre Colseguros no tenía problemas estructurales, habían daños de humedad por el tiempo, pero el lugar tiene capacidad para 40 pisos y solo tiene 17, la remodelación sería perfecta. Hay que recordar que ese lugar es considerado patrimonio cultural y por ende no debió venderse”. ¿Qué tan viable sería está opción? Dice Jaime Sarria, abogado experto en contratación estatal, que aunque es complicado aventurarse a opinar sin conocer a detalle el contrato que firmaron el Cisa y la Contraloría, comúnmente es difícil colocar a dos entidades de acuerdo para lograr este tipo de acuerdos, ya que se asume que hay proyectos, inversiones y otros factores que quedarían inconclusos para el comprador, que seguramente no estarían dispuestos a asumir.

“Lo que propone la auditora puede ser una solución a un mediano plazo, pero el edificio no está en buenas condiciones y en estos momentos de urgencia creo que no sería lo más práctico. Deshacer un contrato de este tipo, con el consentimiento de ambos lados, podría tardar más de un mes y la Contraloría está prácticamente a dos días de quedarse sin oficinas”. Hay que recordar que la organización que compra, vende y administra los activos del Estado, pagó $13.000 millones por Colseguros y por el Cristiano Luque. El avalúo real, de acuerdo con la Auditoría, era de $35.000 millones, por lo que se habrían perdido $22.000 millones.

En la página oficial del Cisa ya se está subastando la propiedad y seguramente el monto que se quiere recaudar es superior al invertido. Con el mismo lío Las tres recomendaciones que Marulanda le hace a Maya, las ha tenido que estudiar muy bien, ya que la Auditoría también está enfrentado el mismo problema de locaciones, dice su líder, que como un coletazo de la falta de planeación de Morelli. El Ministerio de Hacienda, liderado por Mauricio Cárdenas, aún no ha dado respuesta frente a las necesidades económicas que requiere el órgano con un periodo de gestión de dos años, que de acuerdo con la entidad es de $32.000 millones para compra. “Por estos días no hemos tenido ninguna comunicación directa con el ministro. Desde que llegué al cargo, siempre he manifestado la necesidad del dinero para la sede propia, pero hasta la fecha no hay respuesta”, aseguró Marulanda.

Dice Luis Frediur Tovar, abogado constitucionalista, que el control fiscal se hace posterior a la ejecución del gasto y que el nuevo periodo arrancó el 1 de enero de 2015, por lo que no comparte la posición de la auditora cuando afirma que en este momento no hay dicho control en el país. “Lo que debe estar parado son los juicios de control fiscal del año pasado, pero es terrorismo afirmar que va a ver colapso de ese sistema, no lo creo”. En esta opinión coincidió Edwin Maldonado, analista de economía. Laura Marulanda Auditora general de la república “El contralor tendría solo tres salidas: encontrar pronto una nueva sede con una renta más razonable, lograr que el Gobierno le asigne los recursos para comprar un nuevo espacio, o por último, lograr la nulidad del contrato de compra de Colseguros”. 

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