viernes, 9 de diciembre de 2016
Cada vez que ocurre algo que conmociona a los ciudadanos, algún oportunista ofrece más prisión como la manera de resolver el problema. La reforma tributaria que recientemente ha presentado el Gobierno no es la excepción, en la que se criminaliza con pena mínima de prisión de cuatro años a quienes incluyan activos o pasivos falsos en sus declaraciones para reducir su impuesto de renta.
Tampoco es la primera vez que se quiere penalizar la evasión tributaria, ni mucho menos la primera vez que los criterios de política criminal, que se deberían tener en cuenta al momento de crear un delito, son completamente desatendidos.
En una de la varias sentencias en que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas, la T-762-15, le señaló con contundencia al Gobierno Nacional y al Congreso, entre otros, el deber de solo crear delitos si tiene información suficiente, de carácter empírico, que justifique inventarse un nuevo delito; si tienen claridad sobre el impacto carcelario que podría tener la nueva norma penal, y si demuestran que no existe ninguna otra vía para solucionar el problema que se busca resolver.
Nada de esto, ni un ápice, se ve con la creación del nuevo delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes; es puro y duro populismo punitivo.
El análisis que exigió la Corte para evitar que el sistema penal colombiano siguiera desbordado y descontrolado no le importó al Gobierno al proponer ese nuevo delito; como suele ocurrir, se inventan el nuevo crimen sin saber por qué ni para qué.
En otras palabras, no hay evidencia alguna de que el nuevo delito contribuya a que el recaudo tributario funcione mejor, pero estoy seguro que aumentará el caos ya existente en el sistema penal colombiano; tendremos fiscales y jueces penales cobrando impuestos, haciendo lo que deben hacer otros funcionarios del Estado, desdibujando por completo su razón de ser y quitándoles valioso tiempo para asuntos que sí merecen atención del sistema penal colombiano.
Tendremos que trasladar fiscales de los grupos encargados de combatir crimen organizado o lavado de activos para que cobren deudas, y congestionar las oficinas de los jueces penales con causas que se parecen a un auténtico cobro coactivo.
Dicen que los gobiernos acuden a la cárcel por desespero, cuando se acaban las ideas y no se sabe qué hacer. Es probable que en este caso eso sea lo que ocurra: ya el Gobierno no sabe que hacer con los evasores y acude a la promesa de prisión, tratando de mostrar a los ciudadanos que sí tiene un as bajo la manga para ponerle una talanquera a los evasores, a pesar de que es consciente de que no cuenta con nada científico ni serio de que amenazar con cárcel impedirá la presentación de declaraciones contrarias a la realidad. Por favor, un llamado a la sensatez y al realismo:la cárcel no recauda impuestos; decir lo contrario es una gran falacia
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