Tomado de Twitter/@JurisdiccPaz

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Johnny Giraldo López - jgiraldo@larepublica.com.co Jueves, 15 de marzo de 2018

El tribunal contará con un presupuesto general de $200.000 millones

Ya empezó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la corte que se encargará de juzgar a responsables del conflicto armado en Colombia y decidirá quiénes merecen un tratamiento especial ante la justicia.

La JEP es un mecanismo jurídico contemplado dentro de los acuerdos de paz con las Farc que sirve para judicializar a los diferentes responsables de delitos relacionados con la guerra entre el estado colombiano y la exguerrilla. El tribunal determinará temas cruciales, por ejemplo, la decisión de quiénes tienen derecho a la justicia transitoria y quiénes no. También juzgará a aquellos que hayan vulnerado los derechos humanos, la toma de rehenes y la privación grave de la libertad.

Esta corte estará compuesta por tres salas: la de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de Determinación de los Hechos y Conductas; la de Definición de Situaciones Jurídicas y la de Amnistía o Indulto.

El primer paso que seguirá este tribunal será escuchar a las víctimas y clasificar los casos más graves y representativos durante la guerra. Todas las condenas estarán enfocadas en la reparación de infraestructuras y el desminado de la tierra.

El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, le dijo a La FM que “empezaremos a ver ante la majestad de la justicia, ante la majestad de los magistrados de la JEP, acudir a los responsables y actores de esta tragedia, de esta pesadilla que sufrimos en Colombia durante las últimas cinco décadas”.

El presidente Juan Manuel Santos, quien ya posesionó a los 30 magistrados del órgano, publicó en su cuenta de Twitter que “entra la #JEPenMarcha, un sistema sin precedentes para garantizarles verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas. El mayor éxito a los magistrados que asumen esta histórica responsabilidad”.

La JEP contará con un presupuesto general de $200.000 millones. En gastos de funcionamiento se invertirán $133.000 millones y en el pago a los magistrados y personal jurídico $106.000.

 

 

 

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