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Colprensa Miércoles, 2 de octubre de 2013

Un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, en el cual el funcionario se compromete a entregar información pertinente para esclarecer las irregularidades que se presentaron en el escándalo conocido como el ‘carrusel’ de la salud.

Con esta decisión, cesa la acción penal contra del exfuncionario por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Ante esto, dijo el juez, quedará en manos del ente acusador la responsabilidad de evitar que se registre impunidad en el proceso por la falta de una oportunidad de reparación a las víctimas dentro de ese escándalo de corrupción.

“Por ahora están dados los presupuestos para que la Fiscalía pueda entrar a auscultar la información que el señor Zambrano está entregando”, explicó el juez.

Además, indicó que “el principio de oportunidad implica un grado de sacrificio de la justicia, con el fin de obtener justicia”.

Para el caso se está hablando de un peculado por $17.000 millones que terminaron en manos de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá.

Durante la audiencia de acusación formal, que se llevó a cabo ayer, Zambrano aceptó los delitos de cohecho propio, celebración indebida de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación cuestionó el acuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y el exsecretario de Salud de Bogotá. En su intervención el representante del ministerio público le solicitó al juez de garantías no avalar dicho principio de oportunidad.

“Estos hechos de corrupción son los más ofensivos frente al patrimonio público”, precisó el delegado al considerar que con esto se habría violado un derecho fundamental a la comunidad como lo es el de la salud.

El procurador alegó que con dicho principio no se garantizaría la oportuna reparación económica de las víctimas tal como se habría comprometido Zambrano.

El funcionario demás afirmó que “la información entregada no puede catalogarse como novedosa frente a los datos presentados por los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez sobre estos mismos hechos”.

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