viernes, 5 de abril de 2019
El Departamento Nacional de Planeación expidió la semana anterior el Conpes 3859, para dar los lineamientos necesarios para la construcción e implementación del nuevo Catastro Multipropósito. Como bien lo señala el documento, Colombia cuenta hoy en día con un Catastro con fines exclusivamente fiscales, que desconoce las posibles aplicaciones a otras finalidades centrales del Estado. En materia rural ni siquiera cumple bien con su propósito fiscal, dado que no refleja adecuadamente ni la dimensión física, ni menos la económica de los predios, lo que hace que el recaudo en materia tributaria sea insignificante.
Con esta nueva visión del Catastro, se busca resolver problemas que hoy existen relacionados con la gestión de la tierra. Se dice que será una herramienta insustituible de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio. Esto por supuesto deberá mejorar la gobernanza y el buen gobierno del Estado, a los distintos niveles. Se explica en el citado documento Conpes que este Catastro estará integrado con los sistemas de planeación e información del territorio que hoy existen.
Se le propone al Gobierno un plan de acción de ocho años (2016-2023) para que lleve a cabo los cambios estructurales necesarios al catastro actual, en aspectos metodológicos, institucionales, técnicos, tecnológicos y operativos, para llevarlo a estándares internacionales. Se va a requerir una cartografía básica, con parámetros de escala y representación apropiados y llevar a cabo una especie de barrido predial masivo. La financiación estará a cargo de la nación, los departamentos y municipios. Es decir, todos ponen, porque todos se verán beneficiados.
Resulta por demás muy interesante que la visión que se propone, sugiera armonizar el ordenamiento territorial con la planificación. Con esto se logra mayor efectividad en las políticas públicas que se diseñan en todos los niveles del Estado. Lo anterior porque hoy se piensa el país de una manera, usualmente desde Bogotá, pero al llegar al territorio la realidad es otra. Ese divorcio podría terminar, si lo que se planea es concordante con la realidad de lo que existe en el territorio. Se dice en el documento que entre los objetivos está contribuir a que se fortalezca la planeación estratégica y el ordenamiento territorial, lo cual resultaría ampliamente beneficioso para el progreso del país.
Se propone como uno de los objetivos específicos, un mejoramiento del Catastro en sus dimensiones económica, física, jurídica e institucional. En este último punto cabe destacar la propuesta de que existan arreglos institucionales de coordinación y articulación para garantizar el acceso e interoperabilidad de la información. Aquí se da cabida a usar la información existente en materia ambiental, minera, de oferta social, de infraestructura básica y equipamiento, sobre conflictos de uso del suelo, entre otras variables. Podríamos entonces dejar de tener ordenamientos excluyentes, que no responden al uso armónico, que en muchas ocasiones se da como realidad en el territorio, o resolver en forma adecuada los conflictos potenciales o existentes a partir de una adecuada planeación estratégica. Esto implicará no solo una gestión técnica importante, sino también un rediseño jurídico a través de un marco jurídico que como allí se califica, sea integral, actualizado, unificado y moderno. Como siempre, confiamos en que se garanticen los recursos económicos, para contar a la mayor brevedad posible, con una herramienta tan importante para el país, que después de muchos años de estarlo necesitando, por fin podría ser una realidad.
