Martes, 16 de febrero de 2016

Con todo el respeto que ella merece, no solo es importante recordar, como todos lo hacemos,  que existen límites al actuar estatal y a la iniciativa privada, sino que el artículo 334 de nuestra Carta Magna, sí da unos lineamientos muy importantes sobre el desarrollo económico de nuestro país que deben ser tenidos en cuenta. 

Expresamente dice: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. Por supuesto, y sin lugar a dudas, la minería cabe dentro de este contenido normativo, teniendo en cuenta que se trata de explotación de recursos naturales de propiedad estatal, con el fin de producir los ingresos que han de mejorar la distribución equitativa de las oportunidades tales como educación, salud y bienestar general de la población, y permitirán además que se goce de los beneficios del desarrollo. 

Ello es indiscutible y bástenos recordar cuál es la situación fiscal hoy del país, por el desplome de los precios internacionales de los commodities mineros y cómo ello ha incidido de manera muy negativa en las finanzas públicas y los programas sociales, que justifican las medidas que adopta el Gobierno para corregir esta situación.  No podemos seguir pensando que se trata exclusivamente de negocios de multinacionales, y que les afecta solo a éstas.

 Aún cuando la Dra. Calle, reitera que las decisiones de la Corte no van contra el desarrollo económico y social, sino que lo encausan dentro del marco constitucional, lo cierto es que cae muy mal en el sector extractivo, que toda norma o medida administrativa que se adopta por el Congreso o el Gobierno, luego de ser demandada por los opositores de la actividad, termina siendo sacada del ordenamiento jurídico, alegando su inconstitucionalidad. Es necesario hacer algo al respecto, a nivel del Estado, para poner fin a esta espiral de decisiones que afectan la seguridad jurídica.

Interrogado, el expresidente de la Corte, Juan Carlos Henao, dijo: “Colombia tiene un exceso de “judicialismo”. “Falta más pronunciamiento político y organización de la sociedad civil. En efecto, la mayoría de los grandes problemas, que en otros países se resuelven políticamente y con diálogo entre la comunidad civil y los gobiernos, aquí se resuelven con los jueces. El exceso de judicialización lo que está mostrando en el fondo es una falta de democracia y de organización política de la sociedad. ….Pero eso no significa que el papel de los jueces haya sido negativo. Todo lo contrario. Han sido un vector de democratización del país. Lo hacen ellos porque muchas veces no lo realizan los órganos del poder.” Entonces cabe preguntarse,  ¿cuál es el camino para lograr esa organización política de la sociedad?  ¿Qué falta para que haya mayor asertividad en la toma de decisiones? Lo anterior, porque de seguir como vamos, la minería como industria va a paralizarse y seguirá avanzando la extracción ilícita que roba todos los espacios que la industria va dejando libres.