miércoles, 31 de marzo de 2021

De un tiempo para acá, muchas personas en el país se sienten expertos en temas ambientales y desde diferentes frentes surgen toda clase de ideas novedosas para mejorar el desempeño ambiental. En algunos casos esas ideas llegan al Congreso de la República y pretenden convertirse en leyes. En otras oportunidades, y so pretexto de cuidar el ambiente, se puedan adoptar medidas gubernamentales que no necesariamente tienen que ver con el ambiente, pero que, al vincularlas a éste, tienen una pronta aceptación y viabilización jurídica.

Es por ello, que cabe describirlo como un ambientalismo exacerbado, que según la óptica con que se mire, puede estar justificado o no. No es que no sea necesario proteger el ambiente, es evidente que es una de las mayores riquezas del país, pero sí valiera la pena hacerlo en forma ordenada, con fines o propósitos claros de corto, mediano y largo plazo y con un liderazgo del sector ambiental que es el que maneja la información y sabe dónde están las prioridades. Sin embargo, en los últimos años hemos incorporado al ordenamiento jurídico muchos cambios con miras a la protección del ambiente, pero no sabemos hasta ahora qué efectividad han tenido, ni cómo ha sido su implementación, ni cuánto hemos mejorado el ambiente a partir de su adopción. En parte, por la falta de articulación de las medidas en el sector público y privado y porque en el Estado no son frecuentes los indicadores de impacto.

En el Congreso de la República son muchísimas las iniciativas que tienen que ver con el ambiente, con el fin de crear restricciones a las actividades económicas, aumentar los costos de producir gases de efecto invernadero, aumentar las sanciones administrativas por infracciones y los delitos ambientales y sus penas. Se ha buscado reducir la deforestación, controlar la contaminación, proteger el agua, los páramos y otros elementos del ambiente y reducir los gases de efecto invernadero. No se sabe tampoco qué impacto tiene todo esto sobre el aparato productivo y si implica altos costos representados en eventuales compromisos de renovación tecnológica e industrial, a fin de cumplir las nuevas exigencias.

Hemos suscrito todos los convenios internacionales posibles, para comprometer al país, con metas de mejoramiento en el cuidado del ambiente, a veces, por encima de lo que hacen los países del primer mundo.
Además de las leyes ya adoptadas, incluyendo las disposiciones en las leyes del Plan, y de las iniciativas en curso en el Congreso, en la reforma que se hizo al Sistema General de Regalías, se asignaron unos recursos al sector ambiental, para el cuidado del ambiente. Ahora, en la propuesta de reforma tributaria, próxima a discutirse en el Congreso se proponen varios “impuestos verdes”: (i) Impuesto a vehículos automotores (ii) Impuesto al uso de plásticos por una sola vez (iii) Impuesto al uso de plaguicidas y una modificación al (iv) Impuesto al carbono, que busca gravar el empleo de combustibles fósiles, y no la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, persisten algunas situaciones que no tienen mayor justificación, como por ejemplo que sean tan pocas las actividades que requieren licencia ambiental, o que persistan tantos municipios que no tienen sistema de tratamiento de aguas residuales. Igualmente, es preocupante que operatividad de las autoridades ambientales tenga tantas dificultades y que los trámites duren tanto tiempo. Al parecer queremos abarcar más de lo que realmente podemos manejar, y en ocasiones las motivaciones no son las adecuadas. Vale la pena hacer un alto en el camino y poner orden en casa.