miércoles, 17 de enero de 2024
Con la Ley 2056 de 2020 sobre regalías se asignaron importantes recursos para el sector ambiental. En esa reforma al SGR se previó asignar un 2% de los ingresos, a proyectos relacionados con el ambiente y el desarrollo sostenible de los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, y un 1% para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación, cifra que va a ser incrementada, porque esa misma ley dispuso que, del mayor recaudo generado respecto del presupuesto bienal de regalías, se destinaría un 20% adicional a conservación y lucha contra la deforestación.
Recientemente la Agencia Nacional de Minería, informó al país que las regalías en 2023 superaron en un 50% a lo recaudado en 2022 y en un 672% a lo percibido en 2021. En el sector de hidrocarburos tenemos que el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación de 2023 previó un incremento de las exportaciones del 13.1%. Los datos oficiales indican que entre enero y agosto de 2023 hubo un crecimiento de la producción del 3,7% respecto de 2022, lo que supone más recaudo en rentas e impuestos. En el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación de 2024 se aspira a tener un precio anual de US$74,5 por barril, con una producción petrolera de 787 mil barriles promedio diarios. Ese crecimiento son buenas noticias para el sector extractivo, pero aún mejores para el sector ambiental.
Ahora bien, además del aumento por el mayor recaudo, la Ley 2056/20 dispuso que se deberán invertir un mínimo de 2% (del 10% asignado a ciencia, tecnología e innovación a investigación o inversión) en asuntos de investigación o inversión relacionados con ambiente y desarrollo sostenible. Con base en todo lo anterior, la señora ministra de Ambiente nos dice que gracias a la voluntad política del señor presidente y a contar con varias estrategias para el control de la deforestación, planean ejecutar importantes inversiones que permitan llevar a cabo procesos de restauración ecológica y control de la deforestación. Nos presenta como una de esas estrategias de su actual política, la convocatoria a comunidades y pueblos indígenas, para invertir ese 20% de mayor recaudo de regalías como asignación ambiental, en proyectos para la conservación y lucha contra la deforestación en sus territorios. Se busca hacer un listado de proyectos elegibles y luego suscribir acuerdos con esas comunidades, con miras a lograr algo que denominan Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, e impulso de las Economías de la Naturaleza. También se considera hacerles un pago por Servicios Ambientales, como otro mecanismo de estímulo a la conservación. Dice el MADS en su documento de convocatoria, que se justifica esta estrategia en que más del 15% de la deforestación ha ocurrido en territorios étnicos: resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Recordemos que cerca del 30% de nuestro país, es territorio de comunidades étnicas, razón por la cual el impacto positivo podría ser significativo, si la estrategia es exitosa.
Ahora bien, un hecho innegable es que el sector extractivo, tan despreciado por algunos, es el que financia hoy los programas gubernamentales para la conservación, la restauración y la lucha contra la deforestación. Son los dineros que produce, los que darán lo necesario para resolver los graves problemas de degradación ambiental y deforestación. Esos problemas provienen de las economías ilegales, que no asumen los daños ambientales, pero que las industrias extractivas dan la oportunidad de restaurar. También permitirán mejorar inversiones en investigación e innovación ambiental para avanzar en asuntos como la Bioeconomía, de la cual haré algunos comentarios en otra oportunidad.
