Celeridad, especialización y eficiencia: el nuevo proceso ejecutivo arbitral

En una columna anterior propuse el arbitraje como alternativa para enfrentar la mora judicial. Hoy, esa propuesta se convierte en realidad con la expedición de la Ley 2540 de 2025, que regula el proceso ejecutivo arbitral en Colombia. Esta norma ofrece una solución normativa que promueve tres valores esenciales del arbitraje: celeridad, especialización y eficiencia.

Uno de los mayores aportes de esta ley es la limitación temporal del proceso. El trámite arbitral ejecutivo debe resolverse en un plazo máximo de 12 meses desde la fijación del litigio. Además, si el tribunal no se instala en los primeros 4 meses, el caso se remite automáticamente a la jurisdicción ordinaria. Esta previsión evita dilaciones y garantiza que el proceso avance con ritmo constante, representando una mejora sustancial frente a los tiempos indeterminados de la justicia tradicional.

Los arbitrajes ejecutivos serán administrados por los Centros de Arbitraje de las Cámaras de Comercio y decididos por árbitros inscritos en listas específicas para procesos ejecutivos y medidas cautelares previas. Esto asegura que quienes decidan estos casos tengan formación y experiencia especializada, elevando la calidad técnica de las decisiones y reduciendo el margen de error. Además, los centros podrán diseñar procedimientos ajustados a la naturaleza ejecutiva del conflicto, fortaleciendo aún más la especialización.

La norma permite el uso de medios electrónicos para la presentación de demandas, notificaciones y audiencias, lo que reduce costos y tiempos. Al eliminar la segunda instancia y concentrar el trámite en un solo árbitro (salvo pacto en contrario), se simplifica el procedimiento sin sacrificar garantías. Esta eficiencia procesal convierte al arbitraje en una herramienta competitiva frente a la jurisdicción ordinaria.

La Ley 2540 de 2025 no solo habilita el proceso ejecutivo arbitral, sino que lo hace con un marco legal claro y útil, pensado para responder a las necesidades de los usuarios del sistema judicial. Si se implementa correctamente, puede convertirse en un instrumento transformador para la justicia colombiana, especialmente en el cobro de obligaciones, que en ocasiones se convierte en una actividad innecesariamente tortuosa.

El reto ahora es difundir sus beneficios, capacitar a los operadores jurídicos y generar confianza en este nuevo modelo. La justicia del futuro debe ser más ágil, técnica y eficiente, y el proceso ejecutivo arbitral es un paso acertado en esa dirección.