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jueves, 20 de diciembre de 2018

El balance de 2018 no puede ser más desalentador para la Fiscalía. Además de los fundados reparos que comprometen la imparcialidad del Fiscal General en algunos casos y el extraño caso del Fiscal ad hoc recién nombrado, se suma la infame gestión administrativa de la entidad, que solo en un país como Colombia, pasó inadvertida para la opinión pública.

La sede de la Fiscalía ubicada en la carrera 33 con 18 de Bogotá concentra más de 200 despachos en donde fiscales y policías judiciales intentan administrar justicia en este improvisado complejo judicial montado sobre lo que solían ser las oficinas de una farmacéutica. La denominada sede ‘Manuel Gaona’ contribuye a la democracia recaudando la gran mayoría de las denuncias penales que se radican en este país.

Quienes por una u otra razón frecuentamos estas instalaciones desde julio de este año percibimos un cambio alarmante: las fiscalías están en la absoluta inoperatividad. Es como si el tiempo o la justicia misma se hubiera paralizado. La causa del trastorno es la Resolución 1193 de 2018 emitida por Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá que en su infinita sapiencia reorganizó la estructura administrativa de toda la Unidad de fe pública y orden económico -la tercera en cinco años-. Algún genio creyó conveniente alterar la estructura de los despachos que tramitan procesos penales por fraudes, falsificación de documentos, estafas, corrupción privada, hurto de residencias y vehículos, entre los más comunes. La parálisis generada se explica así: todos los fiscales que llevaban casos de este tipo, tuvieron que detener sus procesos súbitamente para realizar un inventario de estos, entregarlos en el estado en que estuvieran a una dependencia amorfa la cual los redistribuyó a otros fiscales, grupos y unidades que denominaron con otros nombres más sofisticados y nada conocen sobre los cientos de investigaciones que empezaron a recibir de nuevo.

Por ejemplo, si un ciudadano lleva esperando años a que el Fiscal que conoce su caso emita una para identificar el responsable del delito o para recuperar un vehículo robado, por virtud de esta extravagancia administrativa, el proceso súbitamente desapareció del despacho que con mucho esfuerzo venía conociéndolo. Suponiendo que el tiempo que duró la investigación fue invertido por el Fiscal en estudiar la hipótesis del delito o identificando a los responsables, estos esfuerzos se desvanecieron, pues comentan los propios fiscales de las unidades afectadas que la carga se redistribuirá en menos de la mitad de las fiscalías que existían, y cada una recibirá cerca de 2.500 casos como producto de la reestructuración. Son 2.500 casos que no conocen y que tendrán que estudiar por quien sabe cuánto tiempo más, para retomar la investigación.

Es escandaloso que órdenes de semejante trascendencia se emitan sin la suficiente difusión y capacitación que les permita a los fiscales entender los objetivos que las motivan para poder transmitírsela a los usuarios. Nadie en la Fiscalía da razón de qué va a pasar con un proceso. El viejo edificio solo huele a resignación y polvo. En medio de la ignorancia sobre lo que sucederá, los servidores solo atinan a cumplir la “sofisticada” directriz que pretende reinventar la rueda, y en su lugar, la realidad habrá demostrado una vez más que en Colombia ser bandido es buen negocio, pues en Colombia, como lo dice el refrán y lo confirma la Resolución 1193 de 2018, la justicia cojea, pero ciega.