Guatemala se prepara para estrenar su nueva ley de Competencia

Guatemala venía esperando desde hacía décadas la expedición de una ley integral de competencia que desarrollara los principios consagrados en la Constitución de 1985, en la cual se prohíben las prácticas anticompetitivas y se le impone al Estado la obligación de proteger la economía de mercado y la libre competencia económica.

La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala, oficializada en noviembre de 2024 a través del Decreto 32-2024, marca un hito en la modernización institucional y económica del país. Guatemala era el único país de Latinoamérica sin una regulación de competencia. El país estaba en mora de tener una ley y autoridad de la competencia, no solamente por el mandato constitucional, sino también por los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo CAFTA-DR (2006) y los acuerdos con la Unión Europea.

El propósito central de la Ley es promover y defender la competencia en los mercados, fortalecer la eficiencia económica y proteger el bienestar de los consumidores guatemaltecos. Para ello, la norma prohíbe tanto las prácticas absolutas (acuerdos entre competidores para fijar precios, dividir mercados o manipular licitaciones públicas) como las prácticas relativas (aquellas llevadas a cabo por empresas en posición dominante con el fin de restringir la libre competencia, como la imposición de precios, ventas condicionadas o la negativa injustificada de venta). La autoridad está facultada para investigar activamente, inspeccionar empresas, recibir denuncias y aplicar sanciones que incluyen multas y órdenes de modificar conductas empresariales. Algunos aspectos que quedaron sin regular y que pueden ser tenidos en cuenta para futuras reformas son: la creación de una cláusula de prohibición general, el programa de delación, la prohibición a la concentración de cargos administrativos (interlocking) y las normas sobre compliance de libre competencia.

Un componente fundamental de la ley es el control de concentraciones empresariales: toda fusión, adquisición o integración de empresas que supere ciertos umbrales deberá someterse a revisión y autorización previa por parte de la nueva Superintendencia de Competencia. Este mecanismo busca impedir que las operaciones entre grandes actores generen posiciones de dominio o impidan el ingreso de nuevos competidores.

La ley creó la Superintendencia de Competencia, un ente estatal autónomo, descentralizado e independiente en su gestión. La Superintendencia está liderada por un Directorio plural y técnico, cuya función es no solo sancionar infracciones, sino también fomentar una cultura de competencia, emitir opiniones consultivas en políticas económicas y realizar estudios para identificar riesgos en sectores estratégicos.

Esta Ley implica un profundo cambio para las empresas: todos los agentes económicos, nacionales o extranjeros, están sujetos al cumplimiento de la ley, sin importar su tamaño o sector. Se prevé además un procedimiento administrativo especializado, con posibilidad de control judicial ante los tribunales contencioso-administrativos, lo que garantiza el respeto de las garantías fundamentales de los sancionados.

En suma, la Ley de Competencia de Guatemala transforma la estructura del mercado nacional, fomentando productividad y modernización, y cumple con estándares internacionales exigidos por tratados como el CAFTA-DR y la OCDE. Su éxito dependerá de la capacidad institucional del Estado y la adopción de una verdadera cultura de competencia en el sector empresarial y público.