Transshipment y origen: una alerta para el comercio de Colombia

Colombia aparece en el radar de Estados Unidos por el riesgo de transshipment ilegal. El informe The Great Transshipment Scam, publicado por la Casa Blanca el 13 de agosto, incluye al país entre más de 40 jurisdicciones asociadas con esta práctica. Para una economía que busca atraer inversión y ampliar sus exportaciones, esta señal merece atención.

La preocupación se concentra en mercancías que pasan por terceros países para ocultar su verdadero origen y evadir aranceles o medidas de defensa comercial. Según el informe, el esquema puede involucrar reetiquetado, reempaque, refacturación o procesamiento menor, acompañados de declaraciones de origen falsas, siendo la diferencia arancelaria entre países la que crea el incentivo económico para estas operaciones. Por su parte, desde la defensa comercial, preocupa que estas prácticas reduzcan la eficacia de los derechos antidumping y/o compensatorios, ya que, si una mercancía evade la medida mediante un origen simulado, las medidas pierden alcance y el productor que compite bajo las reglas enfrenta una desventaja que el control aduanero debe corregir oportunamente.

El informe reúne estimaciones de exposición que van de USD 40.000 millones a USD 303.000 millones anuales y su escenario central utiliza USD 75.000 millones, magnitud que explica la prioridad que Washington concede al tema, pero que exige evitar que estimaciones de riesgo se presenten como fraude comprobado.

En este contexto, Colombia figura en el tercer grupo, integrado por economías de menor escala con características que, según el informe, pueden facilitar estas operaciones ilegales. También aparece entre los corredores latinoamericanos vinculados con desvío de rutas, almacenamiento bajo control aduanero y ensamblaje regional, sin embargo, esta clasificación no constituye, por sí sola, una determinación de infracción contra el país o sus empresas.

El propio documento reconoce que parte de la recomposición del comercio refleja cambios legítimos en producción, inversión y abastecimiento. Por ello, el análisis busca diferenciar el tránsito logístico y la manufactura real de las operaciones utilizadas para simular un origen distinto.

La respuesta estadounidense apunta a una fiscalización con mayor capacidad de análisis. El informe describe una arquitectura apoyada en inteligencia artificial para contrastar rutas, proveedores, vínculos empresariales y capacidad productiva con el origen declarado. Este desarrollo busca identificar inconsistencias que una revisión documental aislada puede pasar por alto.

Para Colombia, la respuesta debe comenzar por la trazabilidad. Los exportadores deberían poder sustentar dónde y cómo se fabrica cada producto, qué insumos incorpora y qué procesos se realizan localmente. Conviene revisar proveedores y conservar registros productivos coherentes con las facturas, los documentos de transporte y las declaraciones de origen.

También corresponde fortalecer la coordinación entre autoridades y empresas para identificar operaciones sospechosas y acreditar la actividad industrial legítima. Asimismo, los puertos y zonas francas son activos para la competitividad; preservar su credibilidad exige controles que acompañen esa facilitación del comercio.

Colombia debe aprovechar la relocalización productiva con inversión, empleo y transformación verificables. La veracidad en el origen de nuestras exportaciones será decisiva para consolidarnos como un socio comercial confiable.