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Miércoles, 4 de marzo de 2015

Este proyecto esta centrado fundamentalmente en la creación de una política nacional de cambio climático, conexa con en una estrategia de desarrollo sostenible, que como su nombre lo indica, no solo incluye la protección al medio ambiente, sino la posibilidad del desarrollo industrial en el país, rompiendo con el esquema totalmente proteccionista establecido años anteriores, pero sin desconocer la importancia de las áreas protegidas en Colombia. Para ello propone la formulación de una estrategia de crecimiento verde de largo plazo, en la cual el Gobierno a través del DNP y en coordinación con el Ministerio de Ambiente, debe definir una política de crecimiento verde en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. 

Para el desarrollo de la mencionada estrategia, el proyecto se enfoca en planes y programas que permitan minimizar los impactos de las actividades industriales en el ambiente.  Por lo tanto involucra a los demás ministerios, para que implementen planes sectoriales de adaptación al cambio climático, planes sectoriales de mitigación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono, enfocados a obtener metas cuantitativas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y una Estrategia Nacional de reducción de Emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal, en el marco de la política nacional de cambio climático.  

Es importante resaltar que el proyecto del plan propone una protección conjunta del ambiente, involucrando tanto a los sectores privados, como a las personas naturales y al Gobierno Nacional. Para ello crea de incentivos para aquellas personas que contribuyan a la disminución de impactos ambientales en el país. 

En este sentido, se crea un Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que hará parte del Registro Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación Forestal REDD+, del cual pueden hacer parte todas aquellas personas naturales o jurídicas que pretendan optar a pagos por resultados o compensaciones como consecuencia de acciones que generen reducciones de emisiones de gases efecto invernadero. 

De igual forma se adiciona un parágrafo al artículo sexto de la Ley por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal, que indica que los recursos del CIF serán distribuidos regionalmente, y deberá garantizar porcentualmente la adecuada participación del pequeño reforestador en dicha asignación. En relación a la protección de los ecosistemas y áreas protegidas en el país, el proyecto mantiene la intención de involucrar los sectores que por sus actividades tienen impactos significativos en el ambiente. Para ello el MADS elaborará una política nacional de lucha contra la deforestación, que deberá contener un plan de acción dirigido a acabar la perdida de bosques naturales para el año 2030, vinculando a aquellos sectores que actúan como motores de deforestación, incluyendo a las cadenas productivas que aprovechan los bosques y sus derivados.  

Así mismo, modifica las escalas de la cartografía de paramos, lo que hace mas realista la generación de la misma y la delimitación del ecosistema. El Plan del año 2010-2014, indicaba que la cartografía de paramos debería realizarse a escala 1:25.000, lo cual hacia imposible su generación, mientras que el proyecto del plan 2014-2018, propone que la misma tenga una escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta ultima este disponible. 

De igual forma se contempla la elaboración de estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico de dichas zonas, con el fin de que las actividades que se realizaban en tales áreas no sean desconocidas. En relación a actividades  mineras y de hidrocarburos, se contempla un régimen de transición, en el que dichas actividades podrán seguir ejecutándose hasta su terminación siempre y cuando cuenten con contrato y licencia ambiental, o con el instrumento de manejo y control ambiental equivalente. 

Finalmente el proyecto modifica, la disposición contenida en la Ley 1450 de 2011, respecto del procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales, dejándolo tal y como fue dispuesto en el Decreto 2041 de octubre de 2014, expedido hace menos de seis meses. 

Es entonces evidente, un cambio en la política ambiental del país para el periodo 2014-2018, pues se busca armonizar la protección ambiental con el desarrollo, lo cual permite que sea el Gobierno quien dirima el conflicto que se generó entre el sector ambiental y los sectores productivos, gracias a las restricciones ambientales que se venían implementando. 

Si bien las políticas de protección ambiental resultan necesarias en todos los países, es importante promover un desarrollo sostenible, en el que todos los sectores puedan desarrollarse. Al parecer esto es lo que busca la nueva ley, que tal como esta planteada en materia ambiental, debe recibirse con beneplácito por todos los sectores.