sábado, 1 de julio de 2017
Desde hace varios años el departamento de Córdoba ha estado sometido al yugo expoliador de una casta malsana de caciques regionales que se ha empeñado en ordeñarlo sin compasión, sin pausa, y, por supuesto, sin la más mínima consideración por sus conciudadanos. Como Secretario de Transparencia, cargo que entregué hace tres meses, denuncié hasta el cansancio -de la mano del Auditor General Felipe Córdoba- docenas de conductas administrativas irregulares en ese departamento.
Entre otros casos, denunciamos el fiasco del Puente de Valencia y la tramoya del Parque de los Sueños; el abuso de la contratación directa con fundaciones (lo cual nos llevó a reformar el decreto que la regula); la contratación con la Corporación Unificada Nacional-CUN; la corrupción en la suscripción y ejecución de contratos de alimentación escolar; la defraudación al Fomag; y el cartel de la hemofilia.
Muchas de esas denuncias se basaron en información aportada directamente por la ciudadanía a la Secretaría, y otras tantas en las presentadas por veedores y activistas, en el marco de la visita realizada con el Auditor General a dicho departamento el 14 de abril de 2016. Algunas dieron fruto, pero lastimosamente muchas no.
Ahora me entero de una noticia lamentable, que me deja estupefacto: Luis Gustavo Moreno, Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, a quien enviábamos esas denuncias, fue capturado por el CTI el pasado martes, mientras ingresaba al país en compañía de su familia, por su presunta participación en graves actos de corrupción, precisamente relacionados con el departamento de Córdoba.
La justicia colombiana y la estadounidense afirman que Moreno habría pedido y recibido coimas, que tendrían por objeto engavetar las investigaciones en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, cuestionado por su presunta participación en actos de corrupción. Sin perjuicio de la presunción de inocencia a la que Moreno tiene derecho, la información revelada hasta la fecha, según la cual fue capturado con las manos en la masa, me lleva a hacer la siguiente reflexión:
Moreno defraudó al más alto grado la confianza depositada en él por el Estado colombiano y especialmente por la justicia. No solo porque tenía el compromiso de luchar contra la corrupción, sino porque era la cabeza del cuerpo élite de la Fiscalía encargado de combatirla, y de materializar la campaña de Bolsillos de Cristal promovida por el Fiscal General. Por si fuera poco, las coimas que habría recibido tendrían relación con investigaciones de la mayor gravedad, en uno de los departamentos más pobres y ultrajados de Colombia por una casta dirigente manzanilla y corrupta.
Peor aún, Moreno defraudó a los fiscales y funcionarios de bien de la Unidad Anticorrupción, que se juegan el pellejo cada día, y que trabajan con honestidad y entereza por el bien de Colombia, y que hoy ven afectada su reputación por la conducta de quien hasta hace pocas horas era su jefe.
Si Moreno resulta vencido en juicio (como creo que lo será), la justicia colombiana, además de la estadounidense, deberá castigarlo con la mayor dureza. ¿Qué fe en la justicia podría quedarle a un colombiano de a pie, frente a la posibilidad de que semejante ultraje a la moralidad pública y a la recta y transparente administración de justicia quede impune, o reducido a una sanción de caricatura?
Con este caso la justicia no puede equivocarse. El castigo debe ser ejemplar y la purga interna emprendida hace varios meses por el Fiscal General debe ser total.
