miércoles, 28 de septiembre de 2022

Es necesario que el país empiece a concebir que el camino para la transición energética no se da con la prohibición abrupta de la actividad minera, de gas y petróleo y, en general, de generación de energía, en un país con una indiscutible historia de sinergia con la actividad extractiva. Es evidente la falta de caja que ya percibió el nuevo gobierno, situación que puede ser solventada con más facilidad si se busca trabajar armónicamente con las industrias que más recursos le inyectan a la economía del país.

Desincentivar hoy la inversión en el desarrollo de la minería y de los hidrocarburos (petróleo y gas) a través de campañas de polarización, movimiento de pasiones y desinformación, cercena los esfuerzos de gobiernos anteriores en materia de política pública y regulatorios que se han venido implementado en el país, y que claramente son necesarios para apalancar el déficit fiscal que está dejando en evidencia el gobierno actual, el cual se busca atacar mediante reformas tributarias y alzas en los precios de bienes y servicios afectando a los ciudadanos. Ni qué decir de la tendencia actual que se ve en Europa en donde Colombia, como ya parece ser costumbre, quiere ir en contravía de las necesidades mundiales.

Es preocupante ver cómo se usa la desinformación sobre la actividad extractiva para apalancar la famosa “transición energética”. Cualquier actividad realizada por el ser humano implica impactos ambientales. Basta con referirse al ejemplo de los carros eléctricos o las plantas solares. ¿Acaso los residuos como las baterías de los primeros, o las grandes extensiones de tierra y desechos generados por el uso de paneles solares no tienen un impacto sobre el ambiente? Son respuestas que usualmente se dejan para “después”, obedeciendo el apetito de mostrar una política de cambio, que a todas luces resulta ligera e irresponsable.

La regulación actual puede ser moldeable para los cambios sin que ello derive en su eliminación total, dejando a un lado la verdadera transición que responda a la realidad actual del país y del mundo, buscando precisamente que la actividad extractiva se realice en simbiosis con las normas socio ambientales que existen sobre la materia.

Se debe propender por la correcta integración normativa para que las normas sean integrales desde un punto de vista social y ambiental en vez de buscar prohibir la realización de actividades en el sector minero-hidrocarburífero. No podemos hacernos los de la vista gorda e ignorar temas de actualidad como el caso de Europa con la guerra Ruso-Ucraniana, lo cual ha hecho que países en donde se prohibía o limitaba la actividad extractiva, hayan modificado regulaciones para nuevamente reactivarla y así no depender energéticamente de ninguna nación.

Son los casos de España y el Reino Unido en donde para el primer caso, se ha presenciado una fiebre minera buscando acabar con la dependencia de China, y en el segundo se ha buscado levantar la moratoria para la exploración y producción de “Shale Gas” para impulsar el suministro de hidrocarburos.

Es irresponsable señalar que si es necesario importar se hará. Esto, sin hablar de los efectos nocivos de cara a la soberanía energética, claramente aumentará, aún más, las tarifas en el precio del combustible y los servicios públicos que en épocas de sequía requieren de los hidrocarburos y sus derivados para su generación. También la inflación se podrá ver afectada en cuanto el transporte de productos resultará con un aumento de precios derivado del alto costo para su movilización.

La desinformación y desconocimiento, intencional, científico solo sirven para crear miedos que en últimas solo van a resultar dejando al país sin recursos para la requerida transición energética y apalancamiento fiscal.
Claro que debe haber una transición energética. Pero esta debe ser responsable, progresiva y realista. La prohibición implica inacción de la industria en un país en el cual más que nunca se necesita de la inversión de agentes privados.

El aumento en los precios de la gasolina y las declaraciones del gobierno sobre la política pública energética solo evidencian que se está desdibujando la naturaleza de la llamada “transición energética” derivando ello en una “imposición energética” que no se apiada de la realidad social, ambiental y económica del país. Es indispensable que estos debates se den de manera informada y concertada para lograr una transición real y efectiva.