¿Por qué es importante el compliance en Derechos Humanos para ser una empresa competitiva?

En los últimos años, varios casos en Colombia han dejado claro que los derechos humanos no son un discurso político abstracto, sino un factor de cumplimiento empresarial medible, con sanciones concretas y costos reputacionales duraderos. Las empresas que no integran los derechos humanos a sus sistemas de gestión están expuestas a riesgos legales, contractuales y financieros que pueden afectar su sostenibilidad y acceso a mercados.

Un ejemplo reciente es el de C.I. Prodeco S.A., filial de Glencore en el sector minero-energético. En julio de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) impuso una multa de $1.739 millones de pesos por incumplir medidas de control de material particulado en su proyecto Calenturitas, afectando a comunidades cercanas en el Cesar. La sanción se originó en una omisión de mitigación ambiental, pero su trasfondo es más amplio: la afectación a derechos humanos básicos como la salud, el ambiente sano y la participación comunitaria.

Otro caso ilustrativo ocurrió en marzo del mismo año. El Ministerio del Trabajo sancionó a la Sociedad Minera de Santander (Minesa) con $1.160 millones de pesos por vulnerar el fuero sindical de 13 trabajadores, despedidos sin autorización judicial. Este hecho configuró, además de una infracción laboral, una violación del derecho a la libre asociación y a condiciones de trabajo digno.

Ambos ejemplos evidencian una constante, y es que cuando una empresa no realiza una debida diligencia en derechos humanos, los costos llegan después en forma de sanciones, litigios, deterioro de la confianza y pérdida de licencias para operar. En cambio, un enfoque de compliance en DDHH permite anticipar los riesgos antes de que se materialicen.

El caso de Chiquita Brands continúa siendo el más emblemático y extremo en lo que a violación de los derechos humanos refiere. La multinacional reconoció haber realizado pagos a grupos paramilitares en zonas de operación bananera y fue sancionada en 2007 por 25 millones de dólares en Estados Unidos, además de ser condenada a pagar 38 millones de dólares a familias de las víctimas.

Desafortunadamente, en estos casos no fueron aislados en nuestra historia de conflicto armado. Un estudio de Dejusticia (2018) identificó 439 situaciones de complicidad empresarial con actores armados entre 1970 y 2015, confirmando patrones de actividad empresarial que derivó en violaciones de los derechos humanos.

¿Por qué hacer compliance en DDHH?

El compliance en derechos humanos, más que un activo reputacional, es una condición necesaria para acceder a financiamiento, participar en licitaciones y sostener relaciones comerciales. No contar con un sistema de compliance en Derechos Humanos expone a las empresas a una amplia gama de riesgos.

En el plano legal, pueden enfrentar sanciones ambientales o laborales y, a futuro, nuevas obligaciones bajo la legislación en trámite. En el ámbito contractual, corren el riesgo de perder licencias, contratos públicos o líneas de financiación sostenible. En el frente reputacional, una denuncia o incumplimiento puede traducirse en daño de marca, boicots y pérdida de confianza. Desde la perspectiva financiera, la empresa podría ver limitada su participación en mecanismos de inversión responsable. Y en el plano internacional, la falta de debida diligencia puede derivar en litigios transnacionales o reclamaciones ante organismos multilaterales, como lo demuestran precedentes recientes.

Un programa de compliance en DDHH permite prevenir estas contingencias mediante políticas internas claras, monitoreo continuo y diálogo estructurado con comunidades y grupos de interés. Además, genera evidencia verificable del cumplimiento, lo cual puede ser decisivo en un proceso administrativo o judicial.

Cuando me desempeñé como asesor en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, participé en la implementación de políticas derivadas de los acuerdos de paz, las cuales buscaban, entre otros objetivos, involucrar al sector empresarial en un nuevo capítulo de la historia de Colombia. Desde allí promovimos herramientas para que las empresas pudieran conciliar su interés económico con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante el Plan Nacional de Acción en Empresa y DDHH 2020–2022.

De igual manera, desde el equipo auditor de la entidad en normas de calidad ISO, comprendí que el cumplimiento no se reduce a rellenar formatos, sino a construir sistemas de gestión que permitan anticipar, mitigar y remediar riesgos antes de que estos se conviertan en crisis. Esa doble experiencia, en política pública y en auditoría, permite identificar qué sectores empresariales presentan mayor exposición y dónde es más urgente incorporar controles de DDHH.

Sectores con mayor riesgo y prioridad de auditoría

Cada sector enfrenta un tipo de riesgo distinto, pero todos comparten la necesidad de identificar impactos potenciales en derechos humanos antes de iniciar operaciones. La omisión en esta fase se traduce en litigios, sanciones o exclusión de mercados internacionales que hoy exigen criterios ESG y de debida diligencia obligatoria.

¿Cómo implementar un compliance en derechos humanos?

Una empresa responsable que busque evitar sanciones, litigios y pérdida de reputación debe adoptar un sistema de compliance alineado con los Principios Rectores de la ONU (2011) y los instrumentos nacionales vigentes. Las etapas básicas son:

1. Identificación de riesgos: mapear impactos ambientales, sociales y laborales de las operaciones y de la cadena de suministro.
Permite priorizar territorios y grupos vulnerables, revelando los riesgos antes de la fase de ejecución.

2. Evaluación y mitigación: establecer indicadores y responsables claros.
Esto posibilita monitoreo temprano y corrección de fallas, reduciendo exposición legal y reputacional.

3. Participación y diálogo: informar avances y riesgos a comunidades y actores locales. Lo cual fomenta confianza, transparencia y legitimidad social de la empresa.

4. Monitoreo y auditoría: realizar auditorías internas o externas en DDHH. Aporta evidencia de cumplimiento y detecta incumplimientos antes de que los hagan visibles las autoridades.

5. Reparación: es a lo que no se quisiera nunca llegar, pero en el vento que así fuera, consiste en remediar oportunamente los impactos y reinvertir en las comunidades afectadas. Así se reducen daños a largo plazo y consolidan relaciones sostenibles.

En el Congreso avanza actualmente un proyecto de ley liderado por el representante Alirio Uribe, que busca establecer un régimen nacional de debida diligencia en derechos humanos para las empresas. Aunque su aprobación no parece contar aún con las mayorías necesarias, de aprobarse, podría convertir en obligatorias las prácticas que hoy se asumen como voluntarias bajo los estándares internacionales.

Si bien algunas firmas de abogados en Bogotá ofrecen asesorías puntuales para mitigar riesgos en áreas específicas (ambiental, laboral o contractuales), una estrategia más eficiente en el uso de los recursos empresariales es implementar un plan integral de compliance en derechos humanos que anticipe cualquiera de esos riesgos. Para ello sería necesario capacitar a su personal, fortalecer la gestión interna y aplicar las medidas recomendadas las Naciones Unidas. De esta manera, las compañías garantizan una gestión responsable que traiga tranquilidad frente a inversionistas, comunidades y autoridades.