Paralelo a esto, en los últimos meses -y debido a la pluralidad de condenas que se han presentado en contra de exfuncionarios del gobierno de Uribe, incluyendo la investigación iniciada en contra de Oscar Iván Zuluaga - el ex presidente ha señalado que el gobierno ha emprendido una persecución política y judicial en su contra.
Más allá de la interconexión política obvia entre estos tres personajes (Arias, Uribe y Holguín), considero importante hacer unas breves precisiones frente a los argumentos que, sin son ni ton, son esbozados a diario por la oposición uribista.
Lo primero que debo aclararle a la Senadora Holguín, que por su rol debería saberlo, es que quien determina la culpabilidad de un sujeto, sin que Arias sea la excepción, es un juez de la República y no el ente acusador, ni mucho menos un periodista. Por lo tanto, no ha lugar a la mezcla de argumentos políticos y jurídicos, al señalar que la culpabilidad decretada tiene su causa determinante en la acusación de la FGN y en la injerencia periodística.
En segundo término y entrando de lleno al punto, los uribistas se han encargado de sembrar a lo largo del presente periodo presidencial un manto de duda respecto de las decisiones judiciales tomadas frente a funcionarios del anterior gobierno, echando mano de la teoría del complot.
Esto es, señalado que integrantes del gobierno de turno se han confabulado para obtener decisiones judiciales desfavorables a sus intereses; aseveración que trae de fondo en argumento encubierto dañosísimo: el poder judicial decide al son que le marque el ejecutivo.
Sin embargo, lo que desconoce el pueblo -tan falto de criterio por falta de educación- es que dicho argumento ostenta una deficiencia jurídica mayúscula: no existen pruebas que sustenten la explicación de tal complot. O ¿acaso Uribe ha puesto a disposición de la FGN las pruebas para la respectiva investigación en contra de los supuestos creadores de la confabulación?
Al respecto, me gustaría traer a colación el concepto de estándar de prueba, ya que su correcta aplicación permite descartar los argumentos tan perjudiciales esgrimidos por los uribistas.
Para que haya satisfacción del estándar de prueba en materia penal, y por ende condena, se requiere: A) que la hipótesis de la FGN sea en sí misma contrastable probatoriamente y capaz de explicar los datos disponibles y B) que se hayan refutado todas las demás hipótesis explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluyendo las meras hipótesis ad hoc (complot). Esto, habida cuenta que las mismas no son empíricamente contrastables, aun cuando construyen una historia coherente que da cuenta, a posteriori, de los datos disponibles.
Visto el concepto, es claro que el argumento de la “persecución” trazado por los uribistas no es válido jurídicamente, ya que no cuenta con sustento probatorio, más allá de la explicación coherente que realiza.
En consecuencia, llamo la atención de la sociedad para que asuma una posición mucho más crítica frente a esta clase de argumentos.
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