Martes, 10 de marzo de 2015

En días pasados, se ha conocido el escándalo salpicado que presuntamente vincula a magistrados de la Corte Constitucional, con posible dinero ofrecido en el marco de una acción de tutela presentada en contra de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de naturaleza desfavorable a la empresa Fidupetrol.   

Lo anterior, constituye un traumatismo que ha dejado una gran herida en una institución que, para los abogados y la mayoría de la gente era de confianza relativa en cuanto a la justicia y honestidad de sus fallos.  

Ante este panorama de posible corrupción, la convicción con la que contábamos gran parte de los profesionales consistentes en lograr un fallo justo y objetivo a instancias de una Alta Corte, sin importar su resultado, se empieza a diluir con un gran coste social.

No hay que perder de vista que, aunque la labor del abogado, por su propia naturaleza, es parcial y subjetiva en pro de los derechos de su poderdante, lo mismo no podrá predicarse de los jueces en tanto su rol corresponde al de una persona objetiva, imparcial y ajena a la capacidad económica de una de las partes.

El asunto, adquiere un tinte aún más oscuro cuando, de acuerdo con la normatividad, el caso deberá ser conocido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; entidad que no goza de muy buena reputación.

Al margen de este desagradable ingrediente, lo cierto es que, nos encontramos ante el quebrantamiento de un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad actual: la protección de la Constitución y la incorruptibilidad respectiva del tribunal que vela por su protección.

¿Qué esperanza puede llegar a tener el ciudadano de a pie que confía su asunto a una justicia calibrada, aparentemente, por su capacidad económica? ¿Cuál es el mensaje que se le envía a aquellos que aún creemos en vencer en juicio mediante la aplicación correcta del derecho? En realidad, las palabras no dan para expresar la sensación de asco y vergüenza ante un contexto como el colombiano.

La lista de los numerosos obstáculos que aquejan al sistema judicial, se agranda día a día, teniéndole que sumar a ese gran cúmulo la ilegitimidad de los magistrados de la Corte más importante del país. No por nada, los disgustos jurídicos suscitados entre los máximos tribunales del país se han denominado ‘choque de trenes’. No por nada, una decisión constitucional podría derribar una decisión judicial de otra jurisdicción mediante la acción de tutela.  

Lo anterior, es decir, la hostilidad del ambiente judicial,  ha generado una indiferencia de tamaña magnitud, respecto de la cual, el colombiano pareciere sentirse acostumbrado, e incluso a gusto. Respecto de la cual, no existe mayor incidencia en la esfera social ni política, porque, como buenos colombianos, en un par de días éstos serán eventos olvidados por la mayoría. De hecho, podría afirmar que los señores González y Pretelt saldrán bien librados de este embrollo y continuarán su carrera político-judicial en otra magistratura, ante la cual el abogado Pacheco volverá a concurrir, sin que sobre su historial profesional pese una sanción penal ni disciplinaria. Bastará con montar una cortina de humo, como quiera que el ambiente en la Habana se encuentra propicio para una distracción típica.     

Lo decepcionante del asunto, estriba en que lo único que se ha considerado adecuado como remedio provisional ha sido el retiro simbólico del señor Pretelt por un término de 30 días, al cabo de los cuales pretende volver a asumir la presidencia de la corporación. Con seguridad, en un país medianamente serio y con solidez y convicción en sus instituciones las medidas a adoptar pasarían por algo más que un retiro temporal.

Como si no bastase con lo dicho, el borbollón se genera en el contexto de la complicada agenda que le aguarda a la Corte por estos días: la reglamentación del marco para la paz y la delimitación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Tareas nada fáciles que resultan estar en jaque ante la ‘sopresita’ que nos guardaba la decorosa Corte Constitucional.

Reiterando lo dicho, son de tal calibre las sensaciones que se pueden experimentar ante la situación actual del país en materia de justicia, escándalos de corrupción, señalamientos de persecución judicial, el reciente paro judicial, hacinamiento carcelario, etc. que un artículo poco efecto surtirá. En contrapunto, el verdadero cambio deberá provenir de una decisión conjunta del pueblo colombiano como sociedad.