martes, 1 de diciembre de 2015

Para iniciar, debo reprochar abiertamente la actitud asumida por el señor Sandoval ante Daniel Raisbeck. Los debates no se asumen atacando a los panelistas, sino cuestionando las ideas. Señalar: “respondo la pregunta o le respondo a usted que sacó cero en las encuestas promoviendo Uber” en un tono amenazante, no es más que el reflejo de la calidad del servicio de taxi en las calles. Si ese es el comportamiento de un representante de los taxistas en un debate televisivo ¿qué podemos esperar los usuarios en las calles? Esa actitud cuestionable, sólo refleja que los taxistas replican una conducta entronizada en la cúpula del gremio.  

Pasando a la cuestión de la legalidad del servicio prestado por estas plataformas, merece la pena ahondar en la causa del éxito de Uber, porque sólo así se podrá entender el meollo del asunto. Es un simple ejercicio de causa-efecto ¿Acaso el factor de éxito es el costo, la disponibilidad o la calidad del servicio? La respuesta podría ser “sí” a cualquiera de los criterios. Si bien es cierto que, dependiendo de la distancia, el valor puede incrementar, dicho costo es fijo; el pasajero sabe, desde el principio, cuánto le van a cobrar y, por tanto, no pagará ni un peso más ni un peso menos.

Al elegir el servicio de taxi el pasajero se ve enfrentado a dos situaciones, en relación con el costo: el taxímetro adulterado y el “redondeo del precio”. Ante el primero de ellos, no hay nada que hacer. Es una cuestión que como bogotanos nos hemos visto en la penosa obligación de enfrentar, sin que la respetable Policía de Tránsito tome medidas al respecto. 

En este punto, de entrada, tanto propietario del vehículo, como taxista están violando la ley ¿acaso esto no es ilegal senador? ¿Tampoco caería en la ilegalidad la omisión de la Policía de Tránsito en evitar esta práctica? Lo que es más grave aún, ¿no es ilegal que los taxistas realicen redadas e inmovilicen vehículos que prestan el servicio de Uber, respaldados por la anuencia de la Policía de Tránsito? Si el tema se trata de ilegalidad, nada más ilegal que el servicio de taxi. En relación con el “redondeo del precio”, es una práctica que, en palabras del propio senador, demuestra la corrupción de quienes la ejercen. 

Nada más incómodo que tener que acudir a la calculadora de las aplicaciones para evitar el robo de los taxistas.  Y no se trata de empobrecerse o enriquecerse por quinientos, mil, dos mil o más pesos. Se trata de un respeto por su profesión y, por sobre todo, por el ciudadano. Personalmente, esta es una de las razones por las cuales prefiero usar Uber.

En lo que a la disponibilidad se refiere, es evidente que, tal como lo mencionaban los señores Robledo y Sandoval, este un servicio Público y, por tanto, no puede depender de la voluntad de quien lo presta, incluyendo, por supuesto, a su majestad el taxista.