viernes, 7 de agosto de 2020
Existe una gran incertidumbre en relación con el futuro de las plataformas de intermediación de transporte y la forma en la que se regulará el desarrollo de su actividad, como es el caso de Uber, DiDi o Beat. Esta situación es una de las grandes deudas legislativas de nuestro Congreso, ya que desde hace varios años ha existido una conducta constantemente omisiva y pasiva frente a la expedición de una legislación que permita generar un escenario respetuoso de la libre competencia, y que, sobre todo, incentive un apropiado desarrollo de las nuevas tecnologías.
Ante este escenario que parece ser cada vez más insostenible, varios partidos políticos han radicado sendos proyectos de ley que buscan obtener la tan esperada normativa que resuelva y responda a las necesidades emanadas por la trasformación digital que atravesamos. Sin embargo, de manera homogénea a todos los proyectos de ley propuestos al interior del Congreso -sin importar la filiación política de donde provengan-, se presentan una serie de infortunios que convergen en un detrimento del derecho constitucional a la libre competencia y los intereses de los consumidores.
Varios de estos proyectos de ley parecen estar destinados a propender por la protección o favorecimiento de un sector especifico de la industria o de un grupo de personas que pertenecen al mismo nicho electoral de quien defiende el proyecto legislativo, en vez de estar dirigido a lograr el bienestar de los consumidores y promover eficiencias económicas que desarrollen nuestros mercados.
De esta forma se están promoviendo iniciativas legislativas que resultan contrarias a la protección de la libre competencia, en donde se sugiere la adopción de medidas anticompetitivas como: (i) la asignación de cuotas de producción, en donde únicamente se obtendría la autorización para la prestación del servicio de transporte a través de plataformas de intermediación, en una proporción del 10% del número total de taxis registrados en cada municipio; (ii) prohibir las tarifas dinámicas implementadas en las plataformas; y (iii) prohibir que las plataformas ofrezcan tarifas más económicas que las que ofrece el servicio regulado de taxi.
Es así como, por medio de los diferentes proyectos legislativos, se plantea una regulación que, en lugar de corregir las posibles falencias que se presenten de cara a las plataformas de intermediación en el mercado de la prestación del servicio de transporte -promoviendo así la libre competencia-, se estaría acrecentando, robusteciendo y protegiendo -con la bendición de la ley- el monopolio sobre el que, el gremio de los taxistas, cree tener un derecho inalienable.
Ya lo dijo el ilustre Juez Richard Posner en la notable sentencia de 2016 de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos: no hay justificación jurídica y económica para la existencia, hoy en día, del monopolio del servicio de taxi y, por ende, la opción legal preferible en este caso ha de ser la desregulación. Con proyectos de ley como los que se van a discutir en esta legislatura, es mejor que el Congreso no haga nada. No puede ser posible que aún estemos creyendo que debemos “regular por regular”. Las experiencias desregulatorias en la prestación de servicios públicos que promueven la libre competencia e incentivan la innovación y el desarrollo tecnológico nos han traído las mejores experiencias: basta con mirar cómo ha evolucionado el mercado de los servicios móviles de voz y datos... ¿Por qué será que no aprendemos?
