Seguridad: la clave para el desarrollo económico en Colombia

En julio de 2025, Colombia se enfrenta a una realidad ineludible: sin seguridad no hay desarrollo. La inversión se contrae, el desempleo se acentúa y el crecimiento se desacelera cuando el entorno es percibido como inestable o riesgoso. En este escenario, la seguridad —física, jurídica y digital— debe dejar de ser un asunto aislado para convertirse en el eje estructural de una estrategia nacional de progreso.

Inseguridad: un obstáculo estructural

Los grupos armados ilegales, el crimen urbano, los ataques a infraestructura crítica y el crecimiento de los ciberataques impactan de forma directa la productividad, elevan los costos operativos y disuaden nuevas inversiones. Zonas como el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Pacífico siguen sometidas a economías ilícitas, con limitada presencia institucional. A ello se suma la extorsión creciente a empresarios y productores rurales, que afecta cadenas productivas clave como el agro y la energía.

Debilidad institucional y freno a la inversión

La inseguridad no solo se manifiesta en violencia, sino también en vacíos institucionales. La falta de coordinación interagencial, los cambios frecuentes en normas y la inestabilidad tributaria generan incertidumbre que desalienta decisiones de largo plazo. Sectores estratégicos como infraestructura, transición energética y agroindustria requieren garantías sostenidas, no solo incentivos.

Propuestas viables para una seguridad integral

Superar este escenario exige una estrategia interinstitucional con visión territorial, sostenida en cinco pilares complementarios:

1. Presencia estatal efectiva: Crear “Centros de Estabilización Territorial” en zonas de alto riesgo, integrando Fuerza Pública, justicia local y oferta social, con apoyo presupuestal desde los planes de inversión regional y cooperación internacional.

2. Ciberseguridad estratégica: Fortalecer capacidades técnicas mediante una Agencia Nacional de Ciberseguridad que articule inteligencia, defensa y sector privado, orientada a proteger infraestructura crítica y datos sensibles.

3. Estabilidad normativa: Establecer un Consejo Nacional de Seguridad Jurídica y Competitividad, con participación del Estado, empresarios y academia, para garantizar marcos regulatorios predecibles por al menos cinco años.

4. Agro seguro y productivo: Formalizar a los pequeños productores, facilitar acceso a crédito y asistencia técnica, y crear circuitos de comercialización protegidos. Esto incluye convenios entre el Estado, la Fuerza Pública y asociaciones rurales para blindar zonas agrícolas.

5. Implementación territorial de paz: Reactivar proyectos del Acuerdo de Paz con enfoque en desarrollo productivo y garantías de seguridad. Involucrar a las comunidades en su ejecución fortalece el tejido social y reduce la captura territorial por actores ilegales.

Seguridad y agro: oportunidad transformadora

El agro colombiano tiene el potencial de ser motor de exportaciones y empleo. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo su mayor limitante. Garantizar condiciones mínimas para operar permitirá aprovechar herramientas como la trazabilidad tecnológica, abrir mercados y recuperar la confianza internacional.

Seguridad como motor de desarrollo

Colombia debe dejar de ver la seguridad como un costo y empezar a verla como una inversión prioritaria. Solo garantizando integridad territorial, certeza jurídica y protección digital podremos dinamizar el crecimiento económico y abrirle camino a una verdadera inclusión productiva. En 2025, asegurar el país no es solo una tarea del Estado, es un compromiso nacional. El momento de actuar es ahora.