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miércoles, 6 de diciembre de 2017

Está próximo a sancionarse por el presidente para volverse Ley la creación “Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (Snia) y se dictan a otras disposiciones” pero ¿será suficiente?

Esta norma desarrolla el Snia que, en términos generales, busca contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad articulando las políticas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación (CT+i) para el agro, que tendrá un Consejo Superior que asesorará al Ministerio de Agricultura en estos temas.

Aquí se crea el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (Pectia), que será recogido en la plataforma “Siembra”, que actualmente es administrada por Corpoica, pero pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Agricultura.

El Snia tendrá tres subsistemas: (i) el de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario que busca orientar e implementar acciones para la investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación; (ii) el subsistema de formación y capacitación para la innovación agropecuaria, que evaluará la calidad y pertinencia de los programas de formación y capacitación del sector; y (iii) el subsistema de extensión agropecuaria.

Sobre el tercer subsistema, el de extensión agropecuaria, supone la asesoría que en materia de CT+i se prestará a los productores agropecuarios a través de Entidades prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (Epsea) que sean habilitadas para tal fin en los municipios, y que será remunerado a través de una tasa para dicho servicio público.

La extensión agropecuaria, se dice en la norma, es de carácter público, permanente y descentralizado, lo que significa que se debe ceñir a los planes que se fijen, especialmente el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (Pdea), debe estar disponible siempre y será responsabilidad de los municipios prestarlo directamente o a través de las Epsea.

Y, sí. Todos estos asuntos fijan como política pública la innovación para el sector agropecuario y pone este asunto en el centro de la discusión. Inclusive, todo el Snia puede lograr que, por fin, superemos muchas brechas regulatorias con relación a la producción eficiente y sostenible – por ejemplo, para la investigación e importación de polinizadores y controladores de plagas biológicos; o el desarrollo, facilidades y promoción de bioinsumos; entre otros-.

Sin embargo, hallamos dos grandes dificultades: (i) que los gobiernos son cambiantes, y con esto, las políticas; y (ii) que para la CT+i no hace falta tanta burocracia, sino que también deben incentivarse, de otras formas, las iniciativas privadas.

La Ley 1819 de 2016 (la Reforma Tributaria) tuvo un importante impacto en el sector agropecuario. ¿Por qué no aprovechar esta Ley y promover exenciones o deducciones especiales en renta, por ejemplo, para las empresas del agro que tanto esfuerzo dedican, y que tanto ofrecen para el sector? Es que, ni siquiera, a través de una Entidad Sin Ánimo de Lucro se está incentivando la inversión en CT+i.

Toda política pública, como la del Snia, tiene un componente público – y variable -, como el Pectia o el Pdea, que son planes que orientan la intención del Estado. Sin embargo, también debe tener un componente individual, relativo a los particulares que investiguen, para que, a través de la lógica de las “recompensas” o “incentivos”, sean tributarios o a través de créditos o subvenciones controladas, se promueva la CT+i en el agro.