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martes, 12 de noviembre de 2013

Uno de los grandes anhelos de los revolucionarios liberales de finales del siglo XVIII era el que la ley fuese conocida por todos los ciudadanos. De allí, que es a partir de entonces que comienzan a aparecer las primeras codificaciones, y se establece la famosa fórmula aún vigente en nuestros días, de que la ley solamente rige a partir de su publicación, lo que, a su vez, explica la conocida fórmula que usamos en nuestro país al final de cada disposición normativa que indica “comuníquese y cúmplase”. 

Esto conecta con otro de los ideales revolucionarios, como es el que, en tanto que la ley se presume conocida por todos los ciudadanos, la ignorancia de la misma no puede ser excusa para su inobservancia, tal y como lo plasma nuestro código civil. Es por ello que los diferentes Estados se aseguran de contar con mecanismos que permitan la difusión de las leyes que rigen los designios en cada país, como sucede, por ejemplo, con nuestro Diario Oficial, o el Boletín Oficial del Estado, para el caso español. 

Por el contrario, los decisiones judiciales, en tanto que versan sobre aspectos jurídicos de gran tecnicismo, solían difundirse a través de la literatura jurídica, o mediante publicaciones especializadas, como lo fuera la Gaceta Judicial entre nosotros. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto frecuente que los magistrados de las más altas corporaciones anuncien las decisiones que se toman por los medios de comunicación, incluso, con anterioridad a que los interesados en las mismas puedan enterarse de la existencia de una decisión definitiva para sus propios asuntos. 

En un hecho sin precedentes en nuestra historia judicial, un magistrado de una alta corporación resolvió informar a los medios de comunicación sobre un salvamento de voto de una decisión particular antes de haberlo comentado con sus compañeros. Así mismo, vemos como casi todos los días encontramos en la prensa las decisiones que toma el Consejo de Estado sobre aspectos como el POT de Bogotá, el caso Foncolpuertos, entre otros, y quienes se mueven en los pasillos jurídicos hoy en día saben que para estar al día en lo que falla la Corte Constitucional bien pueden consultar los boletines de prensa en los que informa sus decisiones. 

Es de resaltar el interés de la ciudadanía en las decisiones judiciales, y el que la mismas sean difundidas a los ciudadanos sin lugar a dudas fomenta la cultura de la legalidad y el respeto  por la actividad  los jueces, pero, llegar a extremos como los actuales, en el que, por el afán de producir una noticia o aparecer en los medios de comunicación se está perdiendo el norte respecto de la importancia que tienen para nuestro sistema jurídico las decisiones de los altos tribunales, que no es la de producir titulares, sino la de darle sentido y vida a un conjunto de normas escritas en un sinnúmero de códigos. Nuestros jueces y magistrados no deben tomar sus decisiones pensando en generar un golpe de opinión, ni apresurase a dar a conocer decisiones que aun no han sido  redactadas en su totalidad, generando confusión sobre lo que realmente se decidió. Por el contrario, es necesario retomar la prudencia y moderación propia de quienes resultaron inmolados en la tragedia ocurrida hace ya 28 años, mismos que tuvieron que acudir a los medios de comunicación ante la sordera de las autoridades ante sus clamores para que cesara el fuego.