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lunes, 9 de diciembre de 2019

Independientemente de quien sea el nuevo (a) Fiscal General de la Nación del que se espera independencia, autonomía y conocimiento del sector justicia, consideramos los siguientes como los retos más importantes para el próximo cuatrienio:

1. Recuperar la credibilidad del ciudadano en la realidad del acceso a la justicia pues la Fiscalía se concentra hoy en los casos de connotación pública mientras el grueso de los hechos que denuncian las personas comunes en las seccionales del país, padecen enorme congestión y atraso derivado de la falta de investigadores judiciales suficientes, los pocos recursos que a ellos se entregan y el alto nivel de rotación de los funcionarios asignados a los casos. Hay más de un 1,2 millones de procesos que se encuentran en manos de la policía judicial de investigación sin que se cumplan las misiones de trabajo asignadas corriendo muchas de ellas el riesgo de prescripción . La Fiscalía requiere mejorar sustancialmente la gerencia de la investigación criminal y el uso de los recursos disponibles. A ello se suma el uso indebido de mecanismos de investigación especiales como las interceptaciones o escuchas telefónicas a través de plataformas tecnológicas, conducta que debe suprimirse, investigarse y sancionarse y estar bajo permanente auditoria.

2. Implementar formas diferentes de evaluar el trabajo de fiscales e investigadores. No puede seguir siendo un rasero para los fiscales que se evalúe su gestión solo a partir de las imputaciones de cargos o acusaciones que alcanzan mensualmente, como si otras formas de administrar justicia como los archivos de las diligencias o las preclusiones de las investigaciones no fueran decisiones igualmente justas para el ciudadano que no tiene responsabilidad penal. Ello solo ha conducido a que por producir resultados que mejoren las evaluaciones, se llegue a capturas y detenciones ilegales que posteriormente aumentan el número de demandas contra el Estado, las que ya suman más de 15.000.

3. Mejorar los niveles de cooperación en las investigaciones con otras entidades. Los fiscales no utilizan las policías judiciales especializadas de entidades distintas a CTI y Policía Nacional, no obstante que existen agencias como la Procuraduría que tienen largos años de experiencia en investigación de casos de corrupción, o la Superfinanciera en temas del mercado financiero, bursátil o asegurador, o Supersociedades en temas que envuelven asuntos complejos de derecho comercial, entre otras.

4. Recuperar la credibilidad de los jueces en las solicitudes que a ellos llegan de parte de los fiscales, pues últimamente son innumerables los fracasos que sufren por la falta de una apropiada, suficiente y completa argumentación de sus peticiones, sobre todo cuando de privaciones de libertad se trata. Es necesario trabajar intensamente en procesos de capacitación y fortalecimiento de competencias, habilidades y destrezas en el sistema oral.

5. Adelantar procesos de tecnificación que permita llegar rápidamente a la digitalización de los documentos, coordinar agendas con los despachos judiciales y abogados, eliminar trámites administrativos innecesarios y reducir los tiempos de ejecución de las cargas laborales.

6. Modernizar los laboratorios de la Fiscalía, asegurar mejores salarios para investigadores y peritos, llevar la carrera judicial a todos los cargos de fiscales en la entidad y garantizar austeridad.