lunes, 16 de septiembre de 2019

Esta corriente holística de pensamiento que, entre otras cosas, aboga por que la eficiencia económica, la competencia y otras metas de la sociedad no se tomen como estancos separados, parece haberse venido a menos el pasado seis de septiembre con la investigación por prácticas restrictivas iniciada por el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) a las compañías Ford Motor Co., Honda, BMW y Volkswagen.

Se trata de un hecho sin precedentes, que ha pasado relativamente desapercibido, toda vez que la actuación fue motivada porque esas empresas automotrices se comprometieron voluntariamente con el estado de California a observar su meta de reducción de emisión de gases (de 3,7% anual entre 2022 y 2026) con el fin de contrarrestar la contaminación atmosférica y el calentamiento global.

Sin embargo, esta investigación no debiera causar mayor sorpresa, toda vez que una de las banderas de la administración Trump ha sido la de propugnar por estándares de reducción de gases mucho más laxos que los fijados por California y por el gobierno de Obama.

The Wall Street Journal registró que el DOJ está evaluando si los fabricantes de automóviles infringieron la normativa antitrust, en la medida en que, según la autoridad, podría tratarse de una colusión entre competidores que limita la posibilidad de elección del consumidor. Se ha dicho que muy seguramente el DOJ argüirá que el hecho de que los investigados hayan acordado un estándar más estricto que el exigido por la ley federal tuvo como propósito generar una oferta de vehículos más costosos.

En la misma línea, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Transporte de EE.UU. remitieron una comunicación a la directora de la Junta de Recursos del Aire de California, según la cual el acuerdo referido parecería ser incompatible con la ley federal y cuestionó la prerrogativa del estado de California de aplicar normas de contaminación más exigentes, que las del gobierno estadounidense, para los vehículos.

El gobernador de California ha calificado la actuación del DOJ como un “bullying” manifiesto contra las compañías automotrices y, en palabras del consejo editorial de The New York Times, ello configura un “abuso de autoridad descaradamente político”.

Aunque la investigación parte del supuesto de que el régimen de protección medioambiental y el de competencia se contraponen entre sí, lo cierto es que son instrumentos complementarios que buscan un mismo fin: el bienestar de los ciudadanos. Más aún, la preservación del ambiente redunda en mayor bienestar para los consumidores y, por supuesto, en un desarrollo realmente sostenible.

Como bien lo señala el “ordoliberalismo”, la libre competencia no es un fin en sí mismo; no se erige como un valor supremo, sino que, por el contrario, debe ceder ante la necesidad de salvaguardar bienes superiores. Así, la protección al medio ambiente y las normas de competencia no pueden verse como disciplinas separadas, sino que deben ser conciliadas por el Estado.

De ahí que no puede ser reprochable, bajo el régimen antitrust, un acuerdo como el que es objeto de investigación, que de no celebrarse implicaría onerosos costos ambientales para la sociedad.

De otra parte, el procedimiento iniciado por el DOJ pone en entredicho la doctrina Noerr-Pennington, que blinda del escrutinio antimonopolio esa interacción entre la autoridad y los particulares.

Ojalá esta investigación no destape una caja de pandora cuyo desenlace puede ser de impredecibles consecuencias.