lunes, 19 de diciembre de 2022

La US Inflation Reduction Act (“IRA”) o Ley de Reducción de la Inflación, que fue aprobada el pasado mes de agosto por el Senado de EE.UU, busca reducir la inflación a través de la intervención del gobierno en tres temas claves: la salud, la energía y los impuestos a las grandes empresas.

La ley pretende promover la producción y comercialización de tecnologías de energía renovable para acelerar el proceso de transición energética y reducir los altos costos de energía que deben asumir el gobierno y sus habitantes.

La medida, de esa ley, que ha causado mayor revuelo, en la comunidad internacional, es la que otorga subvenciones a empresas estadounidenses que desarrollen tecnologías de energía limpia como turbinas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos.

La Unión Europea, Corea del Sur y Japón han manifestado que los fabricantes extranjeros de vehículos eléctricos estarán excluidos de las ayudas fiscales que confiere la ley y han manifestado sus temores sobre la desventaja competitiva en la que quedaran esas empresas respecto de los productores nacionales.

Al margen de que los Estados han manifestado que la IRA representa una inversión importante en tecnología verde y energías renovables que, constituye un avance significativo para combatir el cambio climático y la crisis ambiental, las preocupaciones de La Unión Europea, Corea del Sur y Japón, en torno al eventual tratamiento discriminatorio que se le va a dar a productores extranjeros se encuentran más que justificadas.

De hecho, las ayudas constituyen una clara violación del artículo 3.1 del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC que prohíbe expresamente aquellos incentivos supeditados “…al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, como condición única o entre otras varias condiciones.”

Así que los subsidios que va a implementar EE.UU a favor de las empresas estadounidenses, vulnerara la igualdad del campo de juego en detrimento de la producción proveniente de otros países.

Puesto que la ley ya se encuentra aprobada, y no hay posibilidad de que el congreso estadounidense la revise, Bernd Lange, actual presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, recomendó a la UE radicar una denuncia ante la OMC.

Sin embargo, por el momento parece que los países europeos no tienen la intención de deteriorar su relación con el gobierno estadounidense y han optado por sostener una serie de negociaciones, con ese país, en las que han planteado sus preocupaciones y algunas soluciones, pero sin resultados concretos.

Según The Hindu, Biden declaró que el gobierno estadounidense no busca implementar la IRA a costa de los países europeos, pero no ha dicho cómo piensa abordar las preocupaciones de la UE. Además, se negó a disculparse por promover la industria estadunidense.

El 14 de diciembre del 2022 el ministro checo de asuntos europeos, Mikuláš BEK, declaró ante el Parlamento Europeo, la inconformidad de los países miembros de la UE y dijo que la implementación de las medidas de marras ya estaba afectando las decisiones de los inversionistas europeos en territorio estadounidense.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, reiteró que además de violar acuerdos de la OMC, la ley desconoce los acuerdos comerciales vigentes entre EE.UU. y la UE, y que no bastaban los intentos del gobierno estadounidense por apaciguar las aguas si no se tomaban acciones concretas a favor de la UE.

Se prevé que si no se encuentra una solución especifica esta tensión comercial subirá de y no es fácil prever el desenlace.

Lo que sí es evidente es que la agenda de los países para luchar contra el cambio climático, y lograr la transición a energías más limpias, no es un tema pacífico. Y si por allá llueve por aquí no escampa.